La constructora valenciana Sedesa, que según el juez instructor del caso Gürtel pagó 130.000 euros a Orange Market para financiar ilegalmente la campaña electoral del PP en 2008, realizó ese mismo año otros pagos a empresas relacionadas con la trama: según la documentación aportada al sumario, Sedesa abonó otros 72.000 euros a FP y Asociados, un despacho madrileño que a su vez derivó la mitad de los pagos a Everland SL, administrada por la esposa del exdiputado del PP Jesús Merino, imputado en la causa.

Sedesa, dirigida por Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino, ya no existe con este nombre. Pero a diferencia de otras constructoras que, como Begar o Teconsa, se vieron abocadas al concurso de acreedores tras verse relacionadas en el caso Gürtel, Sedesa pudo reinventarse sin mácula en lo que acabó siendo un buen negocio para sus propietarios: la absorción de por parte de la tecnológica Ezentis.

Nueve meses después de difundirse los supuestos pagos ilegales para financiar la campaña electoral del PP, en junio de 2010, Sedesa fue adquirida por la antigua Avanzit, recién bautizada Ezentis. La operación, que se valoró en 30 millones de euros con la emisión de nuevas acciones, se lanzó justo después de que el accionista clave de Avanzit, el fondo Thesan Capital, nombrara presidente, en febrero de 2010, a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y candidata del partido a la presidencia de Castilla-La Mancha.

El esposo de Cospedal presidía el fondo de referencia de la firma compradora En septiembre de 2009 había trascendido un informe policial aportado al sumario Gürtel que acusaba a varias constructoras valencianas, entre ellas Sedesa, de pagar a Orange Market, empresa de la trama corrupta, por actos electorales del PP. Las sospechas fueron ampliadas por otro informe de Hacienda. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, las ratificó al incluirlas en el auto de inhibición para que el tribunal superior valenciano asumiera la investigación de la financiación ilegal del PP.

En el auto, Pedreira sostenía que 'sociedades del grupo Sedesa habrían abonado 130.000 euros para reducir la deuda del PP de la Comunidad Valenciana' en las elecciones de 2008. El juez señalaba a cinco constructoras, que según el auto aportaron 523.000 euros, IVA incluido, a la campaña de 2008. Estos movimientos supuestamente ilegales se declararon a Hacienda porque, según la investigación, se vehicularon a través de Orange Market. Esta firma de la trama habría organizado actos de campaña del PP que en realidad fueron pagados supuestamente por las empresas.

El auto de inhibición de Pedreira se redactó el 25 de mayo de 2010. Y no había pasado ni un mes cuando, el 22 de junio, Ezentis informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su intención de absorber Sedesa, cuyos portavoces niegan que financiara ilegalmente al PP.

La operación de compra coin-cidió con la revolución interna en la firma tecnológica, que en marzo anunció su transformación de Avanzit a Ezentis y el nombramiento como primer ejecutivo de Mario Armero bajo el impulso de Thesan Capital, fondo del banco japonés Nomura. El mes anterior, Thesan había nombrado presidente en España a Ignacio López del Hierro, que ya estaba en el consejo de Avanzit desde julio de 2009, tras la entrada del fondo de Nomura en el accionariado.

Un portavoz de Ezentis desvinculó por completo a López del Hierro de la apuesta por Sedesa y la atribuyó a Armero. López del Hierro se ha desvinculado recientemente de ambos proyectos: en diciembre de 2010 salió del consejo de Ezentis y el pasado febrero renunció a la presidencia de Thesan.

En 2008, los pagos de Sedesa relacionados con la Gürtel no se limitaron a Orange Market. Documentación aportada al sumario revela que este mismo año la constructora pagó otros 72.000 euros a consultoras de Madrid cuya relación con la trama se está investigando. La mitad de este dinero fue ingresado por Everland SL, empresa administrada por Ana Isabel Gutiérrez, esposa del exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino, imputado en la Gürtel y aupado por Mariano Rajoy como portavoz adjunto del PP en el Congreso precisamente tras los comicios de 2008.

Merino, que el pasado 11 de marzo compareció a petición propia ante el juez instructor de la causa en Madrid, tenía acceso a las cuentas de Everland SL y fue socio de esta sociedad en 2006. El exdiputado, que siempre ha negado su relación con la Gürtel, renunció al escaño en abril de 2010, al mismo tiempo que dimitía como senador Luis Bárcenas, también imputado y, como Merino, promocionado por Rajoy en 2008, cuando pasó de gerente a tesorero del PP.

Según un informe de Hacienda incorporado al sumario, las consultorías de Merino y su esposa ingresaron 8,44 millones de euros entre 2002 y 2008. Varios de estos clientes habían trabajado en operaciones con imputados en la trama.

El acuerdo con Sedesa fue a través de FP y Asociados, despacho con el que la constructora firmó un contrato de 'asesoría técnica-legal para la preparación, gestión y tramitación de cuantas ofertas decida presentar a los diferentes concursos o invitaciones promovidas por Administraciones y Empresas Públicas y Privadas'.

El pago era de 6.000 euros mensuales. De ellos, 3.000 los ingresaba Everland SL, que entre 2004 y 2008 suscribió una decena de acuerdos idénticos con FP y Asociados de forma que esta le derivaba clientes y le pagaba el 50%.

El bufete de la mujer de Merino cobró de Sedesa hasta que se desarticuló la trama  En total, Sedesa abonó 126.000 euros a FP y Asociados por este contrato, suscrito en julio de 2007, de los que 63.000 euros recayeron en Everland. Según consta en la documentación aportada al juez del caso Gürtel, el último pago de Sedesa que cobró Everland SL fue el 4 de marzo de 2009, tres semanas después de la desarticulación de la trama. Luego no hubo más pagos.

La relación entre FP y Asociados y la esposa de Merino iba más allá de estos contratos puesto que ésta era accionista de Hurt-Newton, vinculada a FP y Asociados. Asimismo, una de las administradoras de FP y Asociados tenía a su vez autorización para acceder a una cuenta de Consultoría y Gestión de Inversiones, sociedad vinculada a Jacobo Gordon, también imputado.