Hace ya cierto tiempo que las vicisitudes de dos casos contra el juez Baltasar Garzón (desaparecidos durante el franquismo y Banco Santander) tenían relación con una sentencia pendiente del Tribunal Constitucional. Se trata del recurso de amparo presentado por el letrado Alberto Figueroa contra la sentencia del Tribunal Supremo que el 21 de enero de 2008 condenó al que fuera presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a dos miembros de la Mesa por negarse a disolver en 2003 al grupo parlamentario de Batasuna, Sozialista Abertzaleak.

El recurso fue admitido a trámite por el TC en octubre de 2009. La sección primera, por la importancia del asunto, lo pasó al pleno ya hace largos meses. Y allí está pendiente.

El TC tiene pendiente resolver sobre el papel de la acusación popular

El tema de fondo: el papel de la acción popular en nuestro orden judicial. La sentencia condenatoria de la Sala Segunda del TS, recurrida ante el TC, exigió una variación copernicana del criterio que tan sólo un año antes, en diciembre de 2007, sostuvo la sala para exonerar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito. Según la doctrina Botín, para impulsar una causa no era suficiente la presencia en solitario de la acusación popular.

Cuando a la Sala Segunda llegó el caso de los parlamentarios vascos, el criterio fue modificado. Nació, en este caso para desgracia del político y parlamentario vasco, la doctrinaAtutxa. La sola presencia de la acción popular bastaba para impulsar el procedimiento.

Tanto en una como en otra tuvo una participación relevante el magistrado Luciano Varela a través de sus votos particulares. Varela se manifestó contrario a la doctrina Botín y defendió la capacidad de la acción popular en exclusiva. Pero en el debate del caso Atutxa, Varela discrepó con el cambio de criterio, porque suponía vulnerar el derecho a la igualdad del trato de los tres parlamentarios en relación con Botín, que había sentado el precedente. Era un error. 'Más si cabe', decía, 'cuando se trata de autoprecedentes'. Es decir, el que el TS había establecido a sí mismo.

Con su decisión en el caso del franquismo', Varela se contradice a sí mismo

Este criterio, discrepante de la mayoría de la sala, no impidió a Varela sentar en el banquillo a Garzón en la causa de los desaparecidos, impulsado sólo por la acción popular.

Todo esto viene a cuento porque en las últimas semanas circulaba el rumor de que finalmente el magistrado ponente del TC en este recurso, Pablo Pérez Tremps, ya había elaborado su propuesta y que habría fumata blanca. Al parecer, el fallo sería a favor, al menos de manera parcial, del recurso de Atutxa, quizá en coincidencia con alguna idea ya expresada por Varela.

Problema: de ser así, el procedimiento por el que Garzón había sido suspendido(desaparecidos) sería anulado. Ergo: el juez podría reincorporarse a la Audiencia Nacional. La otra causa (Banco Santander), en la que sólo hay una acusación popular, sigue en proceso de instrucción.

Pero la tercera era la relevante: las escuchas telefónicas en el caso Gürtel. Es que aquí sí había acusación particular.

A la Sala Segunda llegó también la 'sensación' de que el TC podía fallar rápidamente a favor del recurso de Atutxa. En este contexto, el auto de apertura de juicio oral en la causa de las escuchas, donde está presente la acción particular, era vital. Porque implicaría una nueva suspensión de Garzón. Que está marchando.

Pero no hacía falta correr. Fuentes judiciales aseguraban anoche que el TC, que ha avanzado bastante, retrasará un par de meses la decisión sobre el recurso de Atutxa porque aspira a ir más allá del mismo, para abordar el tema de la acción popular con mayor más profundidad.