Sólo cinco condenados de 19 acusados y únicamente seis años y tres meses de prisión para el principal imputado, el abogado de origen chileno Fernando del Valle, parecen un pobre final para lo que se definió en su día como el desmantelamiento de la mayor red de blanqueo de capitales de Europa, la operación Ballena Blanca. Por eso, a pesar de su condena, un Del Valle exultante definía la sentencia del tribunal malagueño, 524 páginas leídas ayer ante las partes, como "un varapalo importantísimo para la Fiscalía", que sólo para él solicitaba una pena de 17 años de prisión. Además, se mostró convencido de que "el resto de lo que le queda" se lo "quitará el Tribunal Supremo" tras el recurso que, obviamente, presentará en las próximas semanas.

Tal fue el tono victorioso con el que se expresó Del Valle a la salida de los juzgados que, en un gesto inusual, recibió una respuesta expresa del Ministerio Público. El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, le recriminó públicamente que "alardease" y "se jactase" de un fallo que lo condena por blanqueo, informa Efe. La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la sentencia ante el Supremo, informa Ángeles Vázquez.

Anticorrupción recurrirá tras ser absueltos 14 de los 19 acusados

El tribunal condena a Del Valle, acusado de blanquear 12 millones, a tres años, tres meses y un día de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales y a otros tres años más por un delito contra la Hacienda Pública. También le impone una indemnización a la hacienda pública de casi 343.000 euros y una multa de 2,6 millones de euros, que queda también lejos de los 37 millones que pedía la acusación ejercida por la Fiscalía Anticorrupción.

La sección segunda de la Audiencia Provincial rechaza las conclusiones del Ministerio Público, que mantenía que durante el juicio se había acreditado que el despacho de abogados marbellí de Del Valle "proporcionó estructuras de ocultamiento [...] tanto de ganancias no declaradas como de hechos delictivos". Crimen organizado

Del Valle participaba desde Marbella en 194 sociedades en paraísos fiscales

La investigación consideraba el citado despacho como el cerebro de una red de blanqueo, en la que estarían implicadas varias notarías, para limpiar en el sector inmobiliario de la Costa del Sol grandes cantidades de dinero procedentes del crimen organizado internacional.

Para ello, Del Valle habría diseñado un complejo entramado de sociedades con conexiones en países como Turquía, Finlandia, Argelia, Suecia, Irán, Francia, Marruecos, Estados Unidos y también en paraísos fiscales como Gibraltar, la Isla de Man, Panamá o Islas Vírgenes.

El fallo ve probado que Del Valle "regentaba" un despacho "especializado en inversiones en inmuebles por parte de personas no españolas". Las inversiones se hacían "a través de la creación de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España (SL), que estarían participadas por los inversores, bien directamente, bien por medio de otra sociedad extranjera". Con este sistema, dice la sentencia, "el cliente podría no aparecer en las escrituras ni registros", con sus consiguientes "ventajas fiscales". Por lo general, añade, "la persona jurídica extranjera era una sociedad constituida en el Estado norteamericano de Delaware", que "permite que los dueños de la inversión no aparezcan en la escritura".

Según el tribunal, Del Valle tenía "una cartera de estas sociedades", cuyo coste era de unos 500 dólares cada una, "listas para ser utilizadas para las inversiones de sus clientes". Esta sociedad sería la que figuraría como socia mayoritaria de la SL, "ostentando en ocasiones hasta el 99%".

Los clientes, explica, podían "asegurarse, por tanto, el anonimato, ya que la inversión procedía de una sociedad norteamericana, socia constituyente de la española, que era la que invertía los fondos".

El cliente se aseguraba el control de la inversión "a través de un documento de carácter privado que expedía el director de la sociedad de Delaware, esto es, Fernando del Valle". La sentencia concluye que Del Valle "tenía participación en 194 sociedades extranjeras", de las que 142 eran del Estado de Delaware, 25 de Gibraltar, tres de la Isla de Man, tres de Panamá y dos de las Islas Vírgenes Británicas.

De la cincuentena de personas detenidas en el inicio de la investigación, en el año 2005, sólo 19 llegaron en condición de acusados al juicio que se inició hace ahora un año, el 15 de marzo de 2010. Los otros cuatro condenados son Sophiane Hambli, Aimo Veikko Voutilanen y María Leena Voutilanen, todos a tres años y tres meses por delitos continuados de blanqueo de capitales, y M.D.L.P., a un año por blanqueo.

Mientras, el total de las multas impuestas suma 6,88 millones de euros. La sentencia anula también las resoluciones que autorizaron la realización de escuchas telefónicas y absuelve a los dos notarios imputados en el caso. El papel de los notarios

Poco después de conocerse la sentencia, el Colegio Notarial de Andalucía y el Consejo General del Notariado se apresuraron a emitir un comunicado en el que lamentan "el perjuicio personal y profesional" que ha supuesto el caso para los dos notarios que fueron acusados, juzgados y que ahora han sido absueltos, así como para un tercero que fue procesado en un inicio y sacado del proceso en el desarrollo del mismo. Según el comunicado, el perjuicio es extensible al "colectivo notarial español".

Los notarios absueltos son María Amelia Bergillos, que lleva 30 años en el ejercicio de la función, y Álvaro Rodríguez Espinosa, que ejerce desde hace 27. Según la sentencia, "no se ha acreditado que hubiesen llegado a tener oportunidad de conocer la posibilidad de que el dinero invertido y los bienes aportados en el acto de constitución pudiesen provenir de actividades ilícitas". Los jueces creen que los notarios no tenían por qué saber que las sumas de dinero que ayudaban a colocar fuera de España tenían su origen en las mafias y el crimen organizado.

El caso Ballena Blanca supuso el principio del fin de la Marbella del ya fallecido alcalde Jesús Gil. La trama desarticulada desveló por primera vez las estructuras de blanqueo asentadas en el municipio, de más de 130.000 habitantes. Un año después de hacerse público el escándalo se disolvió el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía procedió a retirar las competencias urbanísticas al municipio. El corolario de la investigación fue el caso Malaya, aún por cerrar, y que dejó al aire que la corrupción en Marbella tenía decisivas conexiones políticas.