Los socialistas andaluces pensaban que lo peor de la travesía de los ERE había pasado hace una semana cuando el consejero de Empleo, Manuel Recio, acotaba en 146 el número de trabajadores beneficiados irregularmente dentro de un total de 5.563. Todo indica, sin embargo, que la travesía será más larga y penosa de lo previsto y que cuando, hacia el 22 de mayo, les toque doblar el cabo de las Tormentas de las municipales podrán al fin hacer balance del estado de la nave, de la duración de las provisiones y del ánimo de la tripulación y del propio capitán: sólo entonces sabrán si les quedan fuerzas para arribar sin contratiempos a esa costa erizada de arrecifes que son las autonómicas de 2012.

Ayer fue un mal día para la parroquia socialista. A media mañana se conocía lo que los peor pensados venían temiéndose: la juez Mercedes Alaya comunicaba al exconsejero de Empleo Antonio Fernández su intención de citarlo como imputado para esclarecer los indicios de varios posibles delitos: prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Pura metralla. Esos mismos mal pensados no dudan de que si la juez no ha hecho lo mismo con el también exconsejero José Antonio Viera es porque, al ser senador y aforado, el caso pasaría automáticamente a la jurisdicción del Tribunal Supremo.

En el Partido Socialista los ánimos están por los suelos. La tripulación hace su trabajo, pero como lo haría un batallón de zombis, maquinalmente, sin entusiasmo, sin fe en la victoria. Un dirigente lo veía ayer así de negro: 'No recuerdo un momento peor que este. Ni siquiera los dos años de la pinza de Rejón y Arenas. Entonces mucha gente nos llamaba chorizos, pero había ganas de pelea. Ahora hay brazos caídos, hay una sensación de derrota sin haber combatido'.

Antes de la imputación de Fernández conocida ayer, el viernes la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, salía en defensa de Griñán para evitar que le salpique el caso por haber sido consejero de Hacienda cuando la Intervención General criticó con severidad el procedimiento de tramitación de los ERE. Aguayo declaró que, siendo viceconsejera de Hacienda, no leía los informes de la Intervención y tampoco se los pasaba a su entonces consejero Griñán. Sin pretenderlo, Aguayo le regalaba al PP una baza con la que este no contaba: poner el foco del escándalo en un miembro del actual Gobierno.

En la propia dirección federal del partido hay preocupación por el alcance que está tomando el escándalo. Los socialistas saben, además, que juegan con desventaja: mientras la izquierda se avergüenza de sus corruptos la derecha sólo se avergüenza de que los pillen. Ese diagnóstico, en todo caso, no es un consuelo mientras no tengan respuesta a esta pregunta que se formulaba a sí mismo otro dirigente: '¿Dónde ponemos el cortafuegos para que el tema no nos queme?'. Nadie lo sabe, pero algunos están convencidos de que se precisa 'una decisión de punto final; la penitencia tenemos que pagarla el 22 de mayo, no en las autonómicas'. Convencer a la tripulación -y al propio capitán- de que el cabo de las Tormentas también se llama cabo de Buena Esperanza no va a ser nada fácil.