Diez meses después de que el juez madrileño Antonio Pedreira atribuyese al núcleo duro de Francisco Camps siete delitos de corrupción conectados a la trama Gürtel y reclamara al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) una investigación sobre las cuentas del PP, el caso acaba de experimentar un giro peligroso para los conservadores. Porque el TSJCV acaba de reactivar el caso al dar diez días hábiles -dos semanas- a la Fiscalía y las demás partes personadas para que se pronuncien sobre si el asunto ha de ser investigado por el tribunal valenciano. La presentación de esos escritos es el último trámite pendiente antes de que el magistrado encargado del caso, José Francisco Ceres, eleve su dictamen y el tribunal adopte una decisión. Y, salvo imprevistos, eso ocurrirá antes de las elecciones del 22 de mayo.

El paso dado por el TSJCV llega en un momento en que Camps tiene cada vez más cerca el banquillo de los acusados por un delito de cohecho impropio (soborno) en el llamado caso de los trajes. Si el tribunal acepta indagar los nexos entre la financiación electoral del PP y los contratos multimillonarios otorgados a Orange Market y otras empresas ligadas a Gürtel (por valor de 14 millones de euros), la situación política de Camps se complicará notablemente.

El cohecho impropio -cuando un responsable público acepta regalos que se le hacen en función de su cargo- se castiga sólo con multa: son los 41.000 euros solicitados por Anticorrupción. Pero el soborno sin adjetivos, el delito electoral, el fiscal, la prevaricación y la falsedad implican cárcel e inhabilitación. Y todo lo anterior consta en la lista de infracciones penales atribuida por Pedreira a dirigentes del PP valenciano. Blanqueo de capitales y asociación ilícita, supuestamente cometidos por los miembros del grupo de Francisco Correa, completaban la nómina delictiva planteada por el juez madrileño. El magistrado también involucraba a cinco empresarios con múltiples adjudicaciones públicas en Valencia y que habrían contribuido a financiar ilegalmente las campañas del PP en 2007 y 2008.

En su resolución, Pedreira atribuía los delitos a significados dirigentes del PP valenciano: Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, ahora exsecretario general del partido; David Serra, vicesecretario general; Yolanda García, extesorera; Cristina Ibáñez, administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007; Pedro García, hoy exdirector general de Canal Nou; y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme. La mayoría de ellos gozan de aforamiento ante el TSJCV, bien por su condición de altos cargos de la Generalitat, bien porque son diputados autonómicos. Sólo el tribunal valenciano -o el Supremo- posee capacidad legal para investigarlos.

Aunque a Camps no le asignaba en su auto de inhibición ninguna infracción penal concreta, Pedreira daba un aviso al subrayar lo siguiente: que en la comisión de los delitos enunciados 'tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa' Camps en el PP valenciano. Y ese cargo es, ni más ni menos, el de máximo dirigente del partido que sustenta al Gobierno que él mismo preside.

Desde que Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, destapó en marzo de 2009 los primeros indicios de financiación ilegal en Valencia, Camps y su equipo se han ufanado de la negativa del TSJCV a levantar la tapadera de las cuentas del PP. El anterior presidente del Alto Tribunal valenciano, Juan Luis de la Rúa, juez amigo de Camps, no sólo colocó a la investigación un corsé desde sus inicios -los trajes y sólo los trajes- sino que despreció un informe policial que, en julio de 2009, ya desgranaba las claves del flujo ilegal de dinero.

Ese informe, devuelto por De la Rúa so pretexto de que nadie lo había pedido, fue el primero de una serie que aporta datos sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano. En el de julio de 2009, la Brigada de Blanqueó de la Policía describió la doble contabilidad que llevaba el partido, con pagos en 'A' (denominados Alicante en los documentos incautados) y en 'B' (Barcelona).

En mayo de 2010, Hacienda concluyó que el PP había ocultado al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Por último, en julio de 2010, otro informe policial descubrió el pago en negro de 846.000 euros durante 2008 a Orange Market (la empresa de la trama en Valencia), dinero destinado a saldar gastos electorales de los conservadores. La mitad de esta cantidad la abonó el propio PP y la otra mitad, las tres empresas con más adjudicaciones públicas de la Generalitat valenciana.

Además, un informe entregado al juez Pedreira en abril de 2010 por la Intervención General del Estado (IGAE) constataba el amaño de contratos en favor de Orange Market y otras sociedades vinculadas al grupo de Francisco Correa.

La situación de Camps se agravará incluso si el TSJCV declina asumir la investigación y remite el caso al Supremo: porque, de optar por ese camino, la investigación se vería demorada. Pero los indicios de delito seguirán existiendo. Y Camps y los suyos perderán su principal argumento: que las acusaciones de financiación ilegal sólo son fruto de una conspiración urdida por el PSOE y ejecutada por la Brigada de Blanqueo y la Fiscalía Anticorrupción.

La hipótesis de que el TSJCV plantee ante el Supremo un conflicto de competencia es una de las más barajadas en medios políticos y jurídicos valencianos. De optar por ese camino, el tribunal que ahora preside Pilar de la Oliva alegaría que en el caso hay aforados de distintas comunidades.