Las redadas de la Policía para detener a inmigrantes han salpicado, por primera vez, a españoles. Cuatro ciudadanos nacionales han sido multados por denunciar públicamente un supuesto trato discriminatorio a extranjeros por parte de los agentes.

Los multados forman parte de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos, una organización que desde hace un año y medio trata de 'visibilizar y documentar de forma pacífica' los polémicos controles policiales de identificación y detención de inmigrantes sin papeles. La primera multa que han recibido cada uno como consecuencia de su actividad es de 301 euros.

Las primeras sanciones ascienden a 301 euros para cada ciudadano

A raíz del informe que realizaron los agentes, la Delegada del Gobierno, María Amparo Valcarce, les acusó de cometer una falta grave según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: 'Provocar reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana', según versa la denuncia contra uno de ellos. Los acusados, que prefieren quedar en el anonimato, denuncian que los policías mintieron y falsearon la realidad en su informe inicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre, en el barrio de Lavapiés (Madrid), donde uno de cada tres vecinos es extranjero y la presencia de agentes es muy frecuente. Aquel día, los miembros de las Brigadas Vecinales según relatan hallaron un control de identificación, preguntaron a los agentes y realizaron una performance en el lugar para informar a los vecinos de los controles que realiza la Policía 'a la población con perfil étnico no español'.

El pasado 22 de febrero, la escena se repitió en Carabanchel, en la periferia de Madrid, aunque los activistas, que insisten en el 'carácter pacífico' de sus actuaciones, todavía no han recibido la notificación.

Los activistas tratan de documentar los controles a extranjeros

La actividad del grupo consiste en hacer patrullas dos o tres veces por semana por zonas de Madrid con altas tasas de extranjeros. El colectivo ha tejido una red de informadores que se avisan entre ellos cuando detecta la presencia de controles policiales. Entonces, los activistas se desplazan al lugar de la redada con chalecos naranjas para 'vigilar al vigilante'. A los nuevos miembros, les dan un cursillo teórico y práctico para explicarles 'las acciones ilegales que no se pueden hacer contra la Policía'.

En los últimos años, las principales ONG y asociaciones que trabajan con inmigrantes y algunos sindicatos de Policía han denunciado la discriminación que implican estos controles. Dos circulares de la Policía filtradas a la opinión pública en 2009 y 2010 lo documentan. En una, se estableció un cupo de 35 sin papeles detenidos por semana para una comisaría madrileña, además de promover la detención de 'marroquíes', cuya expulsión resulta más fácil y económica que la de un afgano o un paraguayo, por ejemplo.

Desde que saltó la polémica hace dos años, el Ministerio del Interior ha negado reiteradamente que los cuerpos de seguridad públicos realicen estas prácticas. Tras la denuncia de las Brigadas, la Delegación de Gobierno en Madrid ahondó este jueves en la misma idea: 'La Policía cumple y hace cumplir la ley. No se hacen redadas'.