El estallido del caso Gürtel disparó la opacidad del Gobierno de Francisco Camps, que desde febrero de 2009 se viene negando a facilitar a les Corts los expedientes de contratación con empresas de la red corrupta. Pero el secretismo no afecta en exclusiva a esas adjudicaciones. También la información contable sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde el PSOE alerta de un sobrecoste de 625 millones, está vetada desde 2005. Y, en un quiebro inédito que pone en jaque la legislación y la jurisprudencia sobre contratos públicos, la Generalitat ha llegado a aducir que no puede desvelar los honorarios del arquitecto Santiago Calatrava, autor del proyecto y director de obras. Lo que el erario público valenciano le paga al arquitecto es un dato 'confidencial', sostiene el PP.

Los socialistas (PSPV) cuantifican el sobrecoste del faraónico complejo de ocio tomando como base los sucesivos informes de la Sindicatura de Cuentas. Según sus datos, no corroborados por la Generalitat, el proyecto tenía a mediados de los noventa un presupuesto de 300 millones de euros mientras que en 2009 rozaba ya los 934. La idea de construir un complejo de esas características partió del PSOE en 1991, bajo el Gobierno de Joan Lerma. El presupuesto manejado entonces equivalía a 180 millones de euros, una cifra que el PP calificaba de disparatada.

La existencia del desfase viene constatada año tras año por los informes de la Sindicatura. Pero la Generalitat guarda silencio. Público intentó el viernes recabar la versión de la Conselleria de Economía que dirige Gerardo Camps, presidente a su vez de la empresa pública (CAC SA) que gestiona la Ciudad de las Artes. El diario cursó tres preguntas: ¿Cuántos modificados de proyecto ha habido? ¿A cuánto asciende su coste total. ¿Por qué la Generalitat considera secreto el acuerdo de Calatrava pese a que la Ley de Contratos garantiza la publicidad de las adjudicaciones.

La Conselleria respondió por escrito que esos datos figuran en los informes de la Sindicatura de Cuentas. En realidad, la Cámara fiscalizadora nada dice sobre el importe cobrado por Calatrava, excepción hecha del de los rascacielos que nunca se hicieron. Y lo que dice en ese punto es que debió convocarse un concurso.

En dos respuestas parlamentarias al entonces diputado socialista José Camarasa, una de 2008 y otra de 2009, Gerardo Camps sí había dado un argumento, pero ajeno por completo a lo preceptuado en la Ley de Contratos: 'Facilitar esa información a un tercero escribió supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes'.

Sobre los modificados que van elevando el coste de los proyectos de obra, las quejas de la Sindicatura han sido igualmente repetidas. De hecho, sus informes anuales han operado en distintas sesiones de control como guía en el discurso socialista. Ocurrió, por ejemplo, el 10 de junio de 2010, cuando el portavoz socialista en les Corts, Ángel Luna, leyó a Camps un párrafo literal del informe de 2004 de la Sindicatura: 'A 31 de diciembre de 2004, el sobrecoste sobre el precio originario ha sido del 261,2%, sin que se haya formalizado contractualmente la modificación ejecutada'. Camps se limitó a responder que las cuentas de la Ciudad de las Artes están 'perfectamente bien fiscalizadas'. Luna le lanzó un reto: '¿Está dispuesto a que veamos los expedientes?'. No hubo respuesta.

Ese mismo mes, Luna registró una petición escrita para acceder a los expedientes. Y, el 13 de octubre, recibió la contestación: 'Dado el volumen de toda la documentación solicitada, es prácticamente imposible ponerla a su disposición'.