01 - ‘Caso Faisán’: quién dio el chivatazo

¿En qué consiste?

El soplo al presunto etarra Joseba Elosúa abortó una operación policial contra una red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, que acabó realizándose un mes más tarde. El juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la redada, ordenó que se investigara el chivatazo a Elosúa, que confesó haber sido advertido por un policía a través de un teléfono que le facilitó un desconocido. Posteriormente, cuando Baltasar Garzón regreso de su excedencia a la Audiencia Nacional, continuó con las diligencias y realizó varios interrogatorios. Las pruebas desembocaron en la imputación del ex- director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y de dos agentes policiales. Actualmente, el juez Pablo Ruz, que se ha hecho cargo del caso después de que Garzón fuera apartado de la Audiencia, ha reactivado la investigación.

Actuación de la Fiscalía

En octubre de 2009, la Fiscalía solicita el 'sobreseimiento provisional y archivo de la causa' porque, a tenor de la investigación realizada, entendía que no había forma de identificar a la persona que dio el chivatazo. 'No encontramos un enlace preciso que conduzca de forma inexorable y sin duda alguna a la tesis incriminatoria expuesta por los investigadores', señalaba el escrito del fiscal, que daba por agotada la investigación. Estimó que no era necesario practicar nuevas diligencias, 'no concurriendo claros indicios incriminatorios'.

La Fiscalía pidió en su día el archivo del caso; ahora apoya ciertas diligencias

Ante la modificación de la línea de investigación introducida por el juez Ruz y las nuevas pistas en la investigación, que aportan cierta luz sobre la autoría del chivatazo, la Fiscalía de la Audiencia decidió respaldar la práctica de nuevas diligencias. Pero no todas.

Por ejemplo, el Ministerio Fiscal se opuso a la declaración del secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. El juez dio la razón al fiscal. En sentido contrario, el Ministerio Público apoyó la identificación de los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior y la declaración como testigo del comisario José C. La Fiscalía también solicitó otras diligencias adicionales.

¿En qué consiste?

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga los posibles delitos derivados de una grabación realizada en enero de 2009. En ella, dos directivos de la sociedad municipal Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, piden comisiones ilegales de 450.000 euros, en concepto de 'colaboración con la Junta' de Andalucía, a dos empresarios del grupo Alazar a cambio de subvenciones y favores. En abril, el PP denuncia este caso en el juzgado. El Partido Andalucista también acude a los tribunales.

Actuación de la Fiscalía

El 16 de febrero de 2009, la Fiscalía de Sevilla recibe la grabación de los empresarios, enviada en un CD por la Consejería de Empleo de la Junta, informándole de la 'posible trascendencia delictiva' de su contenido. La fiscal jefe, María José Segarra, abre de forma inmediata diligencias de investigación penal, ordena la transcripción de la conversación y la identificación de las personas implicadas.

La fiscal inició la investigación y presentó escrito de acusación

El 7 de abril, la Fiscalía recibe el atestado policial (que incluye las declaraciones de los testigos que grabaron la cinta) y ese mismo día acuerda solicitar al Ayuntamiento de Sevilla la auditoría del resto de subvenciones obtenidas por Mercasevilla de la Consejería de Empleo. El 24 de abril de 2009, el juzgado admite la denuncia del PP y cesa la investigación de la Fiscalía 'por imperativo legal', explica Segarra. Sus actuaciones se incorporan a la causa.

En noviembre de 2010, una de las partes recusa a la jueza, Mercedes Alaya, porque su marido fue auditor de Mercasevilla durante siete años. El Ministerio Público apoya la recusación, sin embargo el tribunal resuelve finalmente que no había lugar.  El pasado miércoles, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y contra los dos directivos de Mercasevillaque pidieron la comisión ilegal. Pide pena de multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses. 

¿En qué consiste?

Los dos años de investigaciones en el caso Mercasevilla han permitido destapar una presunta trama destinada a colocar falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía. De momento se han detectado 39 casos irregulares sobre un total de 6.096 prejubilados. La Junta dedicó 647 millones de euros a los ERE desde 2001 y el fraude podría superar los cuatro millones.

Un informe de la Policía apunta a varios cargos públicos del Gobierno andaluz como posibles responsables del entramado. La investigación, en fase aún preliminar, ha supuesto la detención de 11 personas, intermediarios, gestores públicos, un exsindicalista de UGT y un miembro del PSOE de Jaén.

Actuación de la Fiscalía

El Ministerio Público recuerda que los datos sobre los ERE han aparecido dos años después de que se iniciara la instrucción del caso Mercasevilla, en febrero de 2009. Por tanto, casi dos años después de que la dirección de la investigación pasara de forma obligatoria de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tras la denuncia presentada por el Partido Popular. Además, el Ministerio Público destaca que ha adscrito a este caso a un fiscal anticorrupción, especializado en delitos económicos, como refuerzo para la investigación de los posibles hechos delictivos.

¿En qué consiste?

Después de las elecciones generales de 2008, el PP presentó una denuncia contra el PSOE por la supuesta compra de votos a cambio de un empleo y por haber alterado el voto por correo, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.

Actualmente, hay 27 personas imputadas, entre ellas los líderes del PSOE local y del partido Coalición por Melilla (CpM), Dionisio Muñoz y Mustafá Aberchán, respectivamente. Según el magistrado, existen indicios de un 'entramado' que pretendía obtener votos ilegítimamente. Uno de los testigos, el exsocialista Nordin Abdel-Lah, afirmó que el ministro José Blanco estaba al tanto. Estaba previsto que Muñoz y otros imputados declarasen ante el juez en enero, sin embargo se aplazó esta diligencia hasta marzo. Será entonces cuando se conozca la posición del fiscal.

Actuación de la Fiscalía

El PSOE pidió 'la nulidad del proceso' en septiembre y CpM, en enero de 2011. El Ministerio Público emitió un dictamen para que el procedimiento siguiese adelante, explicaron fuentes de la Fiscalía de Melilla, que también destacan la dilatación del caso tras tres años de instrucción: 'La Fiscalía hace todo lo que puede para agilizarlo, pero es el juez el que dirige la investigación'. Los acusados creen que el fiscal ha tenido hasta ahora 'un papel de observador'.

¿En qué consiste?

En noviembre de 2009, la Dirección de la Competencia denunció ante la Fiscalía varios e-mails hallados al presidente de la empresa Extraco, Pablo Prada, en los que se dirigía al gerente del PSOE, Xoan Cornide, para que le ayudase a lograr obras de Fomento. Cornide le respondió que intentaría 'empujar' en su favor.

Actuación de la Fiscalía

El Ministerio Público abrió una investigación y solicitó a la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras los expedientes de las obras a las que había concurrido Extraco entre 2006 y 2009. De las 423 licitaciones, esta sociedad resultó adjudicataria en 27 de ellas. Y sólo en dos de las 27 obras adjudicadas, Prada le pidió a Cornide que realizara gestiones.

La Fiscalía no encontró pruebas de que Cornide 'realmente' se dirigiera a los responsables de Fomento para intermediar en favor de Extraco. Para 'agotar la investigación', el Ministerio Público requirió el apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Su informe tampoco apreciaba 'incumplimientos sustanciales de legalidad' en las adjudicaciones. A la vista de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010. El Partido Popular no presentó ninguna denuncia judicial relacionada con este caso.

¿En qué consiste?

El 8 mayo de 2007, el exsecretario general del PSOE de Ibiza y Formentera Roque López denunció que varios dirigentes del partido se estaban beneficiando de presuntas comisiones ilegales relacionadas con el proyecto urbanístico Ibiza-Centro. Aportó unas cintas como prueba ante el juzgado de instrucción. El principal imputado es el presidente del Consell y diputado autonómico, Xicu Tarrés, que declaró por primera vez en febrero de 2009.

En este tiempo, se tomó declaración a López y se verificó la autenticidad de la cinta. Tarrés está acusado de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Actualmente, el caso está siendo instruido por la titular del Juzgado número 3 de Ibiza, después de que López se querellase contra el primer juez y contra la abogada de Tarrés. La jueza no se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Balears, de lo que se deduce que no ha encontrado 'indicios sólidos' contra el dirigente socialista. Tarrés declaró por última vez en noviembre de 2009.

Actuación de la Fiscalía

A día de hoy, aún no hay escrito del fiscal. La abogada de Tarrés, Ascensión Joaniquet, reconoce que la causa se está dilatando mucho. Aparte del retraso causado por el cambio de juez, fuentes jurídicas próximas al caso consideran que el Ministerio Público no está siendo demasiado diligente en su actuación.  

¿En qué consiste?

El sindicato Manos Limpias presentó en junio de 2009 una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra el expresidente de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Ejecutivo andaluz, cuando estaba presidido por Chaves, concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa Matsa, donde trabajaba su hija. El PP interpuso una querella criminal ante el Tribunal Supremo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Actuación de la Fiscalía

Ante la condición de aforado de Chaves, estas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Ministerio Público pidió el archivo el 24 de julio de 2009, al entender que 'los hechos no eran constitutivos de los delitos de tráfico de influencias ni de prevaricación administrativa'.

Esta petición fue respaldada por la Sala Segunda del Supremo, que señaló que 'el incumplimiento de un deber legal de abstención, por sí sólo, no genera' prevaricación. En cuanto al tráfico de influencias, el auto del tribunal apunta que los hechos susceptibles de considerarse tráfico de influencias son meras 'conjeturas' a partir de la condición de presidente de la Junta de Chaves y del trabajo de su hija. Acordó el archivo de la querella en febrero de 2010.

¿En qué consiste?

El PP presentó ante la Fiscalía cuatro escritos de denuncia contra el presidente del Congreso, José Bono, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Administración a la vista de su incremento patrimonial, apoyándose en informaciones de prensa. Casi en paralelo, la asociación Preeminencia del Derecho presentó una querella ante el Tribunal Supremo por un posible delito de cohecho, en septiembre de 2010. Denunciaba la permuta de dos áticos en Estepona promovidos por Rafael Santamaría y el regalo de la decoración de una de las casas de Bono. Un mes mas tarde, la asociación Ciudadanía Anticorrupción presentó otra querella por presunto delito de cohecho impropio.

Actuación de la Fiscalía

En julio de 2010, el Ministerio Público archivó las denuncias del PP porque no había datos objetivos. En octubre, ante las querellas presentadas en el Tribunal Supremo, el fiscal concluía en su informe que procedía archivar la causa 'por no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de delito'. Según el escrito, 'lo que sería sospechoso en personas que generaran pocos ingresos, se torna en normal ante el volumen económico' de Bono y su entonces esposa. La Sala Segunda del Supremo ratificó el criterio del fiscal y acordó no admitir a trámite las querellas presentadas.