El embrollo legal sobre la causa de Guantánamo en España, que lleva casi dos años dando vueltas en la Audiencia Nacional, empieza a aclararse: el pleno de la Sala de lo Penal decidió ayer que el juez Pablo Ruz puede proseguir con la causa que en octubre de 2009 abrió Baltasar Garzón en contra del criterio de la Fiscalía para investigar las torturas en el penal.

La decisión de Garzón de admitir a trámite la querella había sido recurrida por la Fiscalía, que, según los cables filtrados por Wikileaks, trató por todos los medios de evitar que un caso tan explosivo recayera en este magistrado. En pleno tira y afloja, la Fiscalía alegó que, tras la reforma legal que limitaba la aplicación de la jurisdicción universal, España no podía investigar los atropellos cometidos en el penal de Guantánamo.

Sin embargo, la difusión de los cables de Wikileaks pusieron de manifiesto que el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, consideró desde el principio que la querella estaba 'bien documentada' y que no tendría 'otra opción más que abrir el caso', salvo que EEUU abriera su propia investigación.

Esta versión que los diplomáticos estadounidenses transmitieron a Washington nunca fue aceptada por el Ministerio Público. Y tras la difusión de los cables, la Fiscalía cambió de criterio y en un escrito del pasado enero ya aceptaba que España sí tenía jurisdicción incluso tras la reforma legal. Eso sí, pretendía que la causa recayera en el juez Eloy Velasco, que lleva casi dos años a la espera de que EEUU conteste una comisión rogatoria en otra causa similar (ver recuadro).

Quince meses después de la impugnación, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció ayer en favor de que Ruz prosiga la causa que empezó Garzón. Fuentes jurídicas explican que el debate fue enconado y que se acordó por la mínima desestimar la ponencia del magistrado Fernando García Nicolás, contrario a aceptar la jurisdicción. La sala encargó la nueva ponencia, que deberá ser coherente con la mayoría favorable a reconocer la jurisdicción de España, a su presidente, Javier Gómez Bermúdez.

Ruz deberá decidir ahora si acepta la petición de los querellantes de llamar a declarar como imputado a Geoffrey Miller, el general estadounidense que dirigió Guantánamo. Y también si acepta la personación del Center for Constitutional Rights (CCR), con sede en Washington. 'La decisión de los jueces españoles es extraordinaria. Estamos ante la primera investigación real de las torturas cometidas por EEUU', dijo ayer a Público el presidente del CCR, Michael Ratner. 'Este puede ser el caso más importante en décadas', concluyó Ratner.