La confirmación oficial de Francisco Camps como candidato del PP a la reelección en Valencia llega cuando le aguardan decisiones clave para su futuro en el caso Gürtel. Tras casi dos años imputado y esquivando a la Justicia con la ayuda de su juez amigo y ya expresidente del Tribunal Superior valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, sobre Camps pende hoy una espada de Damocles de doble filo.

De una parte, le amenaza de manera inminente el llamado caso de los trajes, que lo sentará en el banquillo en otoño salvo viraje de última hora y donde Anticorrupción le pide 41.000 euros por cohecho impropio (soborno) continuado. Y, por otro lado, le atenaza también la presunta financiación ilegal del PP, capítulo aún inexplorado por el TSJCV pese a la abundancia y gravedad de los delitos que la investigación desarrollada en Madrid ha hecho aflorar. En la panoplia figuran desde el soborno en su modalidad más grave al delito fiscal con ocultación de 2,5 millones a Hacienda y el electoral, pasando por la prevaricación (concesión injusta de contratos) y la falsedad documental (falsificación de facturas). Desde que, en abril de 2009, el TSJCV accedió a investigar el caso Gürtel pero sólo en la vertiente de los trajes regalados, dos pilares han sustentado la estrategia del PP: ridiculizar la aceptación de ropa valorada en 14.000 euros, según Anticorrupción comparándola con recibir por Navidad una lata de anchoas. Y torpedear, en Valencia y en Madrid, cualquier paso que acercara a Camps al banquillo o pudiera forzar al TSJCV a escrutar las cuentas del PP valenciano.

Si el TSJCV no altera su calendario, Camps irá al banquillo en otoño

Los conservadores lo han recurrido todo. De hecho, el TSJ de Madrid tiene aún pendiente resolver una apelación del PP contra un auto dictado en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira, instructor de la parte principal del caso. En esa resolución, congelada hasta que en mayo de 2010 el Supremo anuló el cerrojazo dado por De la Rúa al caso en agosto de 2009, Pedreira pedía al TSJCV que incluyera en la causa de los trajes a tres figuras decisivas de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'amiguito del alma' de Camps.

Las fuentes jurídicas consultadas en Valencia no creen que el calendario del caso de los trajes se vea alterado por ese recurso. Ni por las reiteradas solicitudes de las dos acusaciones Anticorrupción y el PSOE y Pedreira para acumular en una sola instrucción los regalos y la financiación del PP. Pero cabe la posibilidad de que, finalmente, el TSJCV opte por unir las dos investigaciones. Si ello ocurriera, Camps vería demorado su juicio y ganaría una especie de prórroga.

Las irregularidades destapadas en las cuentas del partido agravan su situación

Pero, en contrapartida, su situación sería más grave. Porque los regalos pasarían automáticamente a considerarse una pieza más en el puzzle de manejos que permitieron al PP ocultar a Hacienda gastos electorales y captar fondos ilegales gracias a la misma red que se lucró con los contratos de la Generalitat. El TSJCV prevé decidir si investiga la financiación del PP y cómo por separado o con los trajes antes de las elecciones del 22 de mayo.

Existen tres informes que aportan datos sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano. En julio de 2009, la Policía describió la doble contabilidad que llevaba el PP, con pagos en 'A' (denominados Alicante en los documentos incautados) y en 'B' (Barcelona). En mayo de 2010, Hacienda concluyó que el PP había ocultado al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Y en julio de 2010, otro informe policial descubrió el pago en negro de 846.000 euros durante 2008 a Orange Market (la empresa de la trama en Valencia), dinero destinado a saldar gastos electorales de los conservadores. La mitad de esta cantidad la abonó el propio PP y la otra mitad, las tres empresas con más adjudicaciones públicas de la Generalitat.

Además, un cuarto informe, este de la Intervención General del Estado (IGAE), constata el amaño de las adjudicaciones a Orange Market, que en un lustro logró siete millones en contratos. A esa cifra deben sumarse los 6,4 millones que Canal 9 libró para la cobertura de la visita del Papa en 2006 y de los que la trama se quedó casi tres, según la Policía.