Los trajes que presuntamente recibió Francisco Camps como regalo no eran una señal de cortesía, sino el síntoma de la íntima relación del presidente valenciano con los dirigentes de la trama Gürtel, que recibió millones de euros en adjudicaciones irregulares de la Generalitat. Esta es la tesis que defiende el PSOE valenciano, personado como acusación popular en el llamado caso de los trajes. Los socialistas piensan que Camps ha podido cometer un delito de cohecho. Ayer presentaron su escrito de conclusiones al juez, en el que pidieron que el presidente sea penado con tres años de cárcel, ocho de inhabilitación para cargo público y 46.074 euros de multa.

El PSOE valenciano recuerda en su escrito que mientras Camps recibía presuntamente los trajes (valorados en casi 14.000 euros), la Administración que dirige estaba adjudicando miles de euros en contratos irregulares a los mismos empresarios que pagaban las prendas de vestir. La acusación popular enumera todas las trampas que supuestamente usó el Gobierno valenciano para favorecer a los empresarios presuntamente corruptos. Entre ellas, está el fraccionamiento de contratos o la concurrencia de varias empresas del mismo grupo para optar a un mismo proyecto.

El PSOE sostiene que Camps recibía regalos a cambio de contratos a la Gürtel'

La consecuencia es que la trama consiguió engordar sus resultados. Orange Market, el buque insignia de la red en Valencia, aumentó su facturación en un 1.000% a partir de 2005, fecha en el que la Generalitat le adjudicó su primer gran contrato: el montaje del stand de la feria de turismo Fitur. Una adjudicación que consiguió gracias a la información privilegiada que recibió desde ordenadores de la Con-selleria de Turisme, según un informe policial contenido en el sumario.

Además de la petición de cárcel si se demuestra que Camps ha cometido cohecho, el PSOE plantea en su escrito otras dos peticiones de pena alternativas, tal y como le permite hacer la Ley del Jurado, que es la que corresponde a este tipo de delitos.

La segunda opción es una multa de 49.500 euros si se juzga al presidente por el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal, es decir, por aceptar regalos 'en consideración a su función', y no a cambio de una contraprestación. La tercera alternativa se refiere a la comisión de un delito de cohecho según el artículo 425.1, y por esta vía Camps se expondría a una multa de 46.074 euros.

Hay indicios que apuntan a la financiación ilegal del PP valenciano

La petición de pena por parte de la acusación popular es uno de los últimos trámites antes de que, aproximadamente a finales de marzo, el juez decida si se abre o no juicio contra Camps y otros tres imputados (dos ex altos cargos de la Generalitat y el ex secretario general del PP autonómico). Antes, presentó sus conclusiones la Fiscalía Anticorrupción, que pidió 41.250 euros de multa para Camps. A partir de ahora será el turno de las defensas.

El sumario del caso Gürtel contiene también sólidos indicios sobre otro delito que pudo cometerse en el seno del PP valenciano: la financiación ilegal. Tres informes policiales muestran la doble contabilidad que llevaba el partido, un fraude fiscal de 2,5 millones de euros en las elecciones de 2007 y el pago en negro de 846.000 durante 2008 a Orange Market. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano decidirá en los próximos meses si la presunta financiación ilegal se une al caso de los trajes en un mismo proceso.