1. 'Caso Faisán': El caballo de batalla de los conservadores

¿En qué consiste?

 El 4 de mayo de 2006 se abortó una operación policial prevista para ese día contra una red de extorsión de ETA. Uno de los presuntos etarras que iba a ser detenido, Joseba Elosúa, confesó que había sido advertido por un policía a través de un teléfono que le facilitó un desconocido dentro de su bar, el Faisán. Esa confesión quedó grabada por un micrófono de la Policía escondido en el coche de Elosúa. La operación se realizó un mes después.

 ¿Cuál es la labor desarrollada por jueces y fiscales?

El juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación contra ETA, ordenó al policía a sus órdenes en ese caso que investigara el soplo. Cuando Baltasar Garzón regresó de su excedencia, realizó interrogatorios y pruebas que desembocaron en la imputación de tres personas. La Fiscalía, sin embargo, pidió el archivo de la causa. Tras salir Garzón de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha reactivado el caso.  

¿Cuál es el resultado de la investigación? 

Las indagaciones del equipo investigador, a través del rastreo de llamadas realizadas a la hora del chivatazo en la zona del Faisán, situaron allí a un inspector destinado en Vitoria telefoneando al jefe superior de Policía del País Vasco. Este, a su vez, hablaba a esa hora con el director de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres continúan imputados en la causa, pero aún restan al juez Ruz un buen número de pruebas por ordenar.  

¿En qué consiste?

La Junta de Andalucía concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa minera Matsa después de una larga tramitación administrativa. La ayuda fue perfectamente legal. Sin embargo, el PP montó una campaña contra el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves por el mero hecho de que su hija trabajaba allí. Presentó una querella por los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias. 

¿Cuál es la labor desarrollada por jueces y fiscales?

El Tribunal Supremo, por unanimidad de cinco magistrados, archivó directamente la querella del PP. No la admitió ni siquiera a trámite cuando concluyó que los conservadores denunciaban 'meras conjeturas derivadas de la condición de presidente de Chaves'. El PP se agarró entonces a la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos y denunció por la vía administrativa una supuesta incompatibilidad del hoy vicepresidente tercero.  

¿Cuál es el resultado de la investigación? 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó al Gobierno andaluz abrir un expediente -que no necesariamente tiene que acabar en condena- contra el expresidente Manuel Chaves. El TSJA anuló una resolución de la Junta que concluía que Chaves no había incurrido en irregularidad alguna cuando el Consejo de Gobierno aprobó la ayuda de diez millones a Matsa. El Gobierno andaluz ha recurrido el fallo.  

¿En qué consiste?

La Policía, en una investigación tutelada por la jueza Mercedes Alaya, sostiene que la Junta de Andalucía destinó 647 millones de euros desde 2001 para ayudas sociolaborales saltándose de forma 'total y absoluta' los procedimientos establecidos. Además, presuntamente, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero colaboró en la colocación de al menos 39 falsos prejubilados en empresas en las que jamás habían trabajado. 

¿Cuál es la labor desarrollada por jueces y fiscales?

La Junta de Andalucía llevó a la Fiscalía una grabación en la que el entonces director de Mercasevilla pedía comisiones ilegales a dos empresarios. Las pesquisas de la Fiscalía permitieron acusar a un cargo de la Junta. El PP, luego, presentó una querella, que asumió el juzgado de Alaya, el 6 de Sevilla. De ahí han salido una presunta venta fraudulenta de terrenos, delitos societarios en la gestión de Mercasevilla y el escándalo de los ERE. 

¿Cuál es el resultado de la investigación? 

Para la investigación de los ERE, la jueza Alaya ha abierto una pieza separada del ‘caso Mercasevilla'. La investigación está aún en una fase preliminar. La policía ha detenido a 11 personas, intermediarios, gestores públicos, un exsindicalista de UGT y un miembro del PSOE de Jaén. Por el momento, Javier Guerrero, al que apuntan todos los focos, ni siquiera está aún imputado. Peritos y fiscales analizan ahora numerosa documentación. 

¿En qué consiste?

Los líderes de Coalición por Melilla y del PSOE de la ciudad autónoma, Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, están imputados por una supuesta compra de votos en las generales de 2008. La presunta trama ofrecía puestos de trabajo y alteraba el voto por correo a favor de la coalición CpM-PSOE. El origen del caso es la denuncia del exsocialista Nordin Abdel-lah, que trabajó como auxiliar del grupo desde 2007 a 2009. 

¿Cuál es la labor desarrollada por jueces y fiscales?

El juzgado investiga en estos momentos si Aberchán y Muñoz, los líderes de los partidos de la oposición en Melilla, cometieron un supuesto delito electoral cuando ambas formaciones acudieron en coalición en 2008. El mes pasado, el Juzgado de Instrucción 4 de Melilla suspendió las declaraciones de ambos para garantizar el derecho de defensa. Posiblemente, sean llamados a declarar de nuevo en marzo. 

¿Cuál es el resultado de la investigación? 

Hay otras 26 personas imputadas en el caso, entre ellos varios diputados de la Asamblea de la ciudad autónoma. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses 'quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector'.