Las airadas protestas del PP por el trato 'injusto' a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

01. La financiación: 2,5 millones ocultos

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el 'amiguito del alma' de Camps.

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por 'terceros', advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron 'siguiendo indicaciones' de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría 'contrapartidas'.

02. El amaño: 14 millones en contratos

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a 'reiteradas irregularidades'. Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca 'tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas'. En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.

03. El saqueo: tres millones de Canal 9

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.