En torno a mediados de febrero. Si no hay sorpresas, esa es la fecha en la que Francisco Camps, presidente del País Valencià, conocerá si se sienta o no en el banquillo para ser juzgado por el llamado caso de los trajes. Para entonces, tanto las partes que ejercen la acusación como las que ejercen la defensa habrán transmitido a José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), su opinión sobre la conveniencia o no de celebrar ese juicio. Se producirá entonces una vista oral tras la que el magistrado tomará la decisión final.

Ayer, José Flors dio el primer paso para llegar a ese escenario. Dio la instrucción por terminada e instó a la fiscalía y a la acusación particular ejercida por el PSOE valenciano a que redacten sus conclusiones provisionales sobre el caso y se las envíen en cinco días. Después, hará lo propio con la defensa, que tendrá diez días para hacer llegar su opinión al magistrado. Los abogados de Camps y del resto de imputados podrán intentar evitar la celebración de la vista con un recurso contra el paso adelante dado ayer por el juez, pero este no estará obligado a suspender el proceso mientras lo resuelve.

El juez decidirá a mediados de febrero si el TSJ valenciano juzga al president

De producirse el juicio, Camps será juzgado por cohecho pasivo impropio. Se le acusa de aceptar 12.783 euros en trajes y otras prendas de vestir de empresarios que actualmente están encarcelados o imputados por haber montado y dirigido la trama Gürtel. En el mismo periodo en el que el president valenciano fue presuntamente agasajado con regalos, las empresas ligadas a la trama recibieron un mínimo de diez millones de euros de la Generalitat Valenciana en contratos. La adjudicación más importante de la que se beneficiaron, la de montar el stand del País Valencià en Fitur durante varios años consecutivos, fue lograda de manera irregular tras recibir información privilegiada sobre las bases del concurso, según un informe policial.

Junto a Camps, se sentarían en el banquillo dos ex altos cargos de la Generalitat Valenciana Rafael Betoret y Víctor Campos-y Ricardo Costa. Este último fue cesado de manera fulminante como secretario general del PP valenciano en octubre de 2009 como consecuencia de su presunta implicación en el caso, y es, hasta el momento, el único imputado valenciano por el caso Gürtel que ha perdido su cargo en el País Valencià.

Flors rechazó un recurso del PP que planteaba revisar las grabaciones del caso

La instrucción que ayer el magistrado instructor Flors dio por acabada superó su último escollo el pasado 18 de enero. Ese día, el juez rechazó un recurso presentado por los abogados de Francisco Camps en el que solicitaban que todas las conversaciones grabadas a los empresarios de la trama fueran analizadas de nuevo. El juez rechazó la petición y emitió un contundente auto en el que recordaba que durante la instrucción todas las partes tuvieron acceso a las grabaciones 'sin que nada se alegara entonces'.

No es el único recurso presentado por el presidente Camps. Además, según fuentes de la causa, sus abogados pidieron que fueran incorporadas a la instrucción varias conversaciones grabadas en la cárcel, en las que el presunto miembro de la trama Pablo Crespo habría negado que Camps hubiera recibido los trajes como regalo. El juez instructor rechazó tal pretensión porque las grabaciones fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La defensa de Camps recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, que todavía no se ha pronunciado.

Esta es la segunda vez que el magistrado Flors da por cerrada la instrucción y abre el camino para la celebración del juicio oral. El primer intento fue en julio de 2009, cuando el juez emitió un auto en el que afirmó haber encontrado 'suficientes indicios racionales' de delito. En esa ocasión, los abogados del presidente y los otros imputados consiguieron abortar la celebración del juicio mediante un recurso que fue rechazado por el juez pero estimado por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.

El primer intento de juzgar a Camps fue abortado en 2009 por su juez amigo'

El TSJCV archivó finalmente el caso en agosto de 2009. Su argumento fue que, si bien existen indicios racionales de delito en el presidente, no se podía probar que este recibiera los presuntos regalos en razón a su cargo y no por cualquier otra circunstancia. Uno de los dos firmantes del auto fue Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal en ese momento y con quien Camps mantenía una 'íntima y sentida relación', según reconoció el propio presidente en un acto público. El Tribunal Supremo desmontó tal argumento en mayo de 2010 y ordenó que la instrucción se reabriera.

El PP valenciano tiene otra causa pendiente en el TSJCV, esta vez por presunta financiación irregular del partido a través de la trama Gürtel. El asunto estaba siendo investigado por el TSJ de Madrid, que decidió inhibirse a favor de su órgano homólogo en Valencia por hallar indicios de delito en aforados de esta región. El TSJ valenciano todavía no ha tomado una decisión sobre si asume o no la competencia sobre este caso. El PSOE ha pedido en varias ocasiones que el caso de los trajes y la presunta financiación irregular se investiguen de forma conjunta, una petición que siempre ha sido denegada. D