El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido hoy en que ser saharaui no es condición suficiente para ser aceptado como asilado político y ha recordado que el Ejecutivo ha aceptado tramitar 5 de las 22 peticiones de asilo de inmigrantes llegados a Fuerteventura en patera el día 5. Así ha respondido Zapatero a una pregunta del portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, en la sesión de control al Gobierno del pleno de la Cámara Baja, la primera de este año.

Erkoreka ha preguntado sobre las razones que han llevado al Ejecutivo a rechazar 17 de las 22 peticiones, ha pedido a Zapatero que se analice cada caso de manera individual y ha reclamado que no se expulse a ninguno de esos inmigrantes de España hasta que haya una resolución judicial firme. De acuerdo con los argumentos de Erkoreka, los 22 son activistas saharauis que han huido de un territorio donde 'se ha constatado objetivamente la represión política y la vulneración de derechos fundamentales'. Sus relatos de lo que les puede ocurrir si se les obliga a regresar 'son verosímiles', ha agregado.

Zapatero le ha recordado que la oficina de asilo actúa con respeto a lo que marca ley, analizando cada caso de manera individual y no colectivamente, lo que ha conducido a que se hayan rechazado 17 de las 22 peticiones, en las que no se ha podido acreditar la existencia de una persecución individual. Tras indicar que algunos de aquellos inmigrantes no han podido acreditar fehacientemente que sean saharauis, Zapatero ha precisado que, no obstante, ser saharaui no es condición suficiente como para acceder al estatus de asilado político.

Ante ello, Erkoreka ha opinado que el Gobierno 'no puede desentenderse de ellos como si fueran meros sacos de patatas' o 'salir por peteneras' con una decisión basada en razones de carácter formal. Ha pedido en este sentido que se extremen las garantías y las cautelas y que se analice caso por caso 'en profundidad y con rigor', al tiempo que ha emplazado a Zapatero a que 'no dé tan evidentemente la razón a quienes le acusan de estar queriendo complacer a Marruecos dando a entender que no vulneran derechos fundamentales en sus territorios'.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha explicado que las 17 personas a quienes se les ha denegado la solicitud han recurrido esa decisión, por lo que serán los jueces quienes tomen la decisión final. Y ha reiterado que esas personas tienen todas las garantías del Estado de derecho en las distintas fases del proceso, tanto administrativas como judiciales.