'Por CiU no será', anticipó su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Carles Campuzano, con el recuerdo de que su grupo fue promotor en 1994 de este foro para dejar el sistema público de pensiones al margen de las refriegas políticas. Y el compromiso verbal se tradujo por escrito en un pacto parlamentario con el PSOE que alienta la posibilidad de que, finalmente, la reforma se acometa también con el respaldo de sindicatos y empresarios.

CiU, que tras recuperar el Govern de la Generalitat intenta también rehabilitarse como bisagra en el Congreso de los Diputados, había cogido a contrapié a los socialistas con un voto particular con el que se alineaba expresamente junto a quienes se oponen a la prolongación hasta los 67 años de la edad del retiro laboral. Pero finalmente determinó con sus votos que de las recomendaciones del Pacto de Toledo se elimine la voluntariedad en el retraso de la jubilación.

El PP, sorprendido por dos tretas parlamentarias, votó el texto global

'No parece imprescindible y necesario aumentar la edad legal de jubilación que hoy existe de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas', decía su texto original. Pero, tras una intensa negociación protagonizada por Campuzano y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, acabó así: 'Cualquier modificación de la edad legal de jubilación deberá ser progresiva sin que ello afecte a quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato, y no debería de realizarse de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas'. Incide, además, en los principios de flexibilidad y gradualidad.

Con la cobertura de CiU, a esta redacción se sumaron el PNV y Coalición Canaria. Si estos dos partidos lo hicieron por voluntad política y por el compromiso suscrito por ambos con el PSOE en el pacto de estabilidad parlamentaria, una doble triquiñuela parlamentaria, que contó con la complicidad activa del presidente del Congreso, José Bono, hizo que en la foto final aparezca también el PP junto al PSOE en el apoyo a las recomendaciones al Gobierno.

Gómez confirma que la negociación con los sindicatos seguirá en febrero

Primero se presentó lo que fue una auténtica enmienda transaccional como una mera 'corrección de errores' reclamada por CiU, sin que se hubiera distribuido antes el nuevo texto, con lo que la protesta de la portavoz del PP, SorayaSáenz de Santamaría, llegó fuera de tiempo. Y de nuevo se vio sorprendida cuando, en la votación del conjunto del dictamen, quiso reclamar que se hiciera de manera separada con el punto relativo a la prolongación de la edad de jubilación. El marcador final arrojó el resultado de 334 votos a favor: PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. O, dicho de otro modo, todos menos ERC-ICV-IU y el arcoiris del Grupo Mixto: diez noes y dos abstenciones.

Con este marcador, el ministro de Trabajo pudo poner el broche reivindicando en los pasillos que el informe de recomendación aprobado ayer por el pleno del Congreso representa el aval de 'una amplia mayoría' al esquema que ha planteado el Gobierno, basado en la gradualidad y la flexibilidad. Además, adelantó su disposición a seguir buscando el pacto con sindicatos y empresarios incluso después de que el viernes se apruebe un anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros.

Caldera dice que la alternativa serían reformas 'más dolorosas'

Con la votación de ayer, el Gobierno no sólo pudo avi-tuallarse políticamente para intentar dar un empujón definitivo a la negociación con sindicatos y empresarios. Además, los portavoces de CiU y del PNV le dieron fuego de cobertura para defenderse de las críticas de la izquierda minoritaria. 'Mi grupo no comparte la visión catastrofista de la izquierda de la Cámara que condena al sistema público de pensiones a no tener futuro al rechazar su reforma', afirmó el convergente Campuzano. 'Es reduccionista y aberrante la focalización del debate sobre la edad de jubilación como elemento de análisis de las reformas necesarias', dijo el peneuvista Emilio Olabarria.

Pero frente a las críticas externas y a pesar de las divergencias entre partidos, todos defendieron que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo han trabajado 'con honestidad'. Las divergencias, aunque minoritarias, fueron más que notables y expresadas con especial contundencia por las minorías de izquierdas.

Las minorías de izquierda dan por 'desguazado' el sistema público

Para Joan Ridao (ERC), el Gobierno 'vuelve a doblegarse ante el altar de los mercados', ahora 'para desguazar la principal conquista de los trabajadores en los últimos años'. Para Gaspar Llamazares (IU-ICV), 'el recorte va a ser brutal' porque no se está ante 'una poda', sino ante 'la tala' del sistema público. Para Olaya Fernández (BNG), la votación de ayer fue la 'firma de las capitulaciones' ante el capital.

El portavoz del PP, Tomás Burgos, calculó que la ampliación hasta los 67 años implicará una reducción del 20% en las prestaciones, hasta el punto de sostener que constituye 'el mayor incremento en impuestos directos a los ciudadanos nunca ampliado en este país'.

En su regreso a la primera línea de combate, el socialista Jesús Caldera advirtió de que la alternativa a los cambios que ahora impulsa el Gobierno 'serían reformas más abruptas y dolorosas en el futuro'. El ex ministro de Trabajo, en una intervención aplaudida por los suyos, aprovechó para reivindicar que es 'tiempo de coraje y no de esconderse a esperar a que pase la marea'.