El pelotazo urbanístico fraguado en 2004 por Martinsa con la compra de los suelos de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda (Madrid), el mismo pelotazo que, según el juez del caso Gürtel, proporcionó a Francisco Correa una comisión de 12,8 millones, fue posible gracias al ayuntamiento de ese municipio, en manos del PP. Pero aquel armazón urdido bajo apariencia de legalidad se habría derrumbado de no ser porque ni Esperanza Aguirre ni su Gobierno pusieron trabas a una operación sobre la que le habían alertado de antemano los dos dirigentes que entonces gobernaban las cuentas del PP: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Ambos avisaron a finales de 2004 a la presidenta y líder regional del PP de que el concurso para la venta se había amañado a favor de Martinsa. Y de que aquel apaño no era gratis. Aguirre exhibió su incredulidad. Pero la adjudicación se llevó a cabo: y el 25 de noviembre ganó Martinsa. Hoy, la presidenta mantiene su silencio sobre si recibió o no aquel aviso cuya veracidad van confirmando el tiempo y la instrucción del caso Gürtel: tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López, como el ex responsable de la sociedad municipal que organizó la venta, Benjamín Martín Vasco, permanecen imputados como presuntos receptores de sobornos. Martinsa siempre ha negado el pago de comisiones y cualquier irregularidad en la UE-124.

Martinsa siempre ha negado el pago de sobornos por la UE-124

Pese a la alerta de Bárcenas y Lapuerta, no sólo no hubo obstáculos por parte de quienes rodeaban a Aguirre sino camino llano. De hecho, un informe de valoración elaborado por la empresa Plarquin, de la que había sido copropietario el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, inclinó la balanza de la venta de terrenos en favor de Martinsa. En octubre de 2006, Porto dimitió, aparentemente forzado por otro escándalo urbanístico.

Efectuada por debajo de la tasación encargada por el propio ayuntamiento, aquella venta de suelo le hizo perder no menos de 20 millones al erario público de Arganda. Preparado por la empresa Aguirre Newman, el informe de valoración económca cifraba el precio del suelo en 95,9 millones de euros. Pero el ayuntamiento los enajenó por 77 millones, de los que, además, sólo cobró de Martinsa 66 bajo promesa de recibir los otros 11 en obras. El compromiso de pago en especie, alerta la portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, jamás llegó a cumplirse. La concejal recuerda cómo la existencia de la tasación de Aguirre Newman no afloró hasta que el PSOE interpuso un contencioso contra la venta de la UE-124. La demanda fue archivada.

Una empresa ligada al director de Urbanismo inclinó la balanza

Mientras el ayuntamiento sellaba un pésimo negocio, Martinsa hacía su agosto. La promotora recuperó la inversión en dos años y obtuvo su primera gran plusvalía. ¿Cómo? Vendiendo por 73 millones un tercio de los terrenos por cuya totalidad había pagado 66. Martinsa se desprendió de ese tercio del suelo tras el verano de 2006. Es decir, cuando el plan parcial que desarrollaba el área había cruzado ya todas las barreras administrativas. En realidad, superar los trámites le resultó fácil a aquel macroproyecto de 160.000 metros cuadrados diseñado inicialmente para 1.600 viviendas y donde el ayuntamiento terminó por autorizar 2.400. Cuando, en el otoño de 2005, el plan llegó a la Comunidad de Madrid, la misma Dirección General de Urbanismo que regía Enrique Porto emitió dictamen favorable. Y lo hizo sin demoras pese a que el proyecto de Martinsa incumplía la legislación del suelo en cuanto al número de aparcamientos proyectados.

En contra de lo habitual, el informe de Urbanismo sobre el plan de la UE-124 no lleva la firma de ningún técnico sino sólo la del subdirector general. Hubo un segundo informe, el de la subdirectora general de normativa y régimen jurídico. Y ese da por válida la cifra de una plaza de parking por cada cien metros edificables, en lugar de 1,5, que es lo que preceptúa la ley. Con su dictamen favorable, el equipo de Porto cerraba así el círculo abierto dos años antes, cuando la empresa de los socios del entonces director general calificó el proyecto de Martinsa como el más idóneo urbanísticamente y le garantizó así su victoria frente a las otras dos empresas que pujaban por los terrenos.

La Comunidad de Madrid avaló el plan parcial pese a sus fallos legales

El error de los aparcamientos pasó inadvertido hasta que el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, lo puso sobre la mesa en la Comisión de Urbanismo que, el 31 de enero de 2006, debía dar vía libre al plan. En lugar de devolver el expediente a Arganda, la comisión lo aprobó a condición de que se subsanase lo relativo al parking. El PSOE asegura que se sumó al visto bueno porque ignoraba lo que escondía la UE-124.

Con aquella aprobación condicionada, Martinsa ganó tiempo. Y pudo dar el pase de terrenos la venta de un tercio por el triple de lo que le había costado una vez que el pleno municipal de Arganda aprobó definitivamente el plan, el 5 de julio de 2006.

Seis años después del pelotazo, mientras los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) examinan con lupa el expediente de la UE-124 por orden del juez Pedreira, Aguirre mantiene su silencio sobre aquel aviso de Bárcenas y Lapuerta. El asunto de Arganda se limitó a predecir hace diez días se resolverá 'próximamente'. Pero los investigadores del caso no son tan optimistas. Porque falta confirmar quién pagó los 12,8 millones que Correa cobró en una cuenta de Suiza. Y falta, también, averiguar quiénes más recibieron comisiones ilegales.