Las principales asociaciones de colegios privados, donde se integran los 67 centros concertados que separan a los niños por razón de sexo, protestaron ayer contra la intención del Gobierno de retirarles los fondos públicos para cumplir con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

La Confederación Español de Centros de Enseñanza (CECE) y Escuelas Católicas argumentan que el Tribunal Supremo y la Unesco han dictaminado que la separación de los alumnos por su sexo no es discriminación. Por tanto, esgrimen que el anteproyecto redactado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad es 'injusto'. En su opinión, el modelo de 'educación diferenciada' está pensado para potenciar las capacidades de cada alumno, 'adaptándose a sus diferentes rumbos de aprendizaje'.

Estos colectivos, junto con las comunidades autónomas que fomentan los conciertos educativos con estos centros, aducen que los colegios que separan a los alumnos por sexos están internacionalmente aceptados.

Sin embargo, no explican que la gran mayoría de las escuelas españolas que llevan a la práctica ese modelo están regidos por instituciones religiosas ultracatólicas como el Opus Dei, cuyo ideario sobre la mujer es machista.

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT mostró su apoyo al anteproyecto de ley porque supone 'el reconocimiento de la diversidad' en las aulas. El sindicato hizo un llamamiento a las comunidades autónomas y los políticos para cumplir lo establecido en el anteproyecto y garantizar así una educación con fondos públicos 'plural y diversa'.