El Ayuntamiento de Valencia sigue con su tambor de guerra respecto al barrio de El Cabanyal, donde la alcadesa Rita Barberá pretende desde hace 12 años derribar 1.600 viviendas de la zona para alargar una avenida. En este tiempo ha encontrado la oposición de los vecinos, organizados en una plataforma, y del PSOE local. El último en oponerse fue el Ministerio de Cultura, que en enero del año pasado consideró que los derribos eran un expolio y emitió una orden que los paralizó. En respuesta, Rita Barberá anunció ayer que se querellará contra la ministra, Ángeles González Sinde.

La alcaldesa ha tardado un año en encontrar argumentos con los que rebatir la orden de Cultura. Al final, ha recurrido a un abogado y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, que redactó, por encargo del consistorio, un dictamen sobre la orden. El catedrático llega a la conclusión de que la declaración de expolio que paralizó los derribos del Cabanyal es 'arbitraria' por ser 'errónea, incoherente o irracional'. En consecuencia, asegura que Sinde pudo cometer prevaricación y desviación de poder cuando estampó su firma en ella.

El dictamen será la mayor prueba que Barberá y la Generalitat valenciana esgrimirán contra la ministra en la querella en la que la acusarán de los dos delitos citados. Ayer, la alcaldesa se detuvo en la lenta lectura de los dos artículos del Código Penal correspondientes, que establecen penas de cárcel e inhabilitación. Sin embargo, Barberá no mostró el informe completo a la prensa, con el argumento de que sería una 'falta de cortesía' con los jueces, que deben ser los primeros en verlo.

Uno de los principales argumentos del informe del catedrático Muñoz Machado, según el resumen que Barberá facilitó, es que el ministerio abusó de su poder cuando declaró el expolio en el barrio marinero porque las competencias urbanísticas son de la Generalitat y el ayuntamiento, y el Gobierno sólo debe intervenir de forma 'supletoria y subordinada'. De hecho, afirma el informe, el de El Cabanyal fue el primer expolio declarado por el Ministerio de Cultura. Además, el dictamen reprocha a Cultura que actúe sobre un asunto que ya ha sido declarado legal por los tribunales ya que, como recordó ayer Barberá, el plan urbanístico acumula 12 sentencias a su favor.

'¿Cuánto ha pagado el ayuntamiento a Santiago Muñoz Machado, abogado de Madrid, por el informe del que hablan? ¿Han pagado el informe de su bolsillo o con el dinero de todos?', se preguntaron ayer desde la Plataforma Salvem El Cabanyal, que aglutina la resistencia vecinal contra el plan.

El colectivo recordó, además, que fue la última sentencia emitida, la del Tribunal Supremo, la que planteó dudas sobre si la actuación en el barrio podría ser un expolio o no, y ordenó al ministerio que se pronunciara al respecto. Además, lamentaron la 'falta de diálogo' del consistorio. Por su parte, González Sinde anunció ayer que esperará a tener la notificación de la querella para actuar. 'Cuando una administración recurre a una querella, es que no tiene otros argumentos de peso', concluyó la ministra.