Que los ciudadanos tengan el derecho de acceder a la información de los poderes públicos ya no es una prioridad para el Gobierno. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no verá la luz en esta legislatura, según admiten fuentes de la Moncloa. Y ello a pesar de que en diciembre de 2009, tras la presión de varias ONG, el Ejecutivo anunció la próxima aprobación de la norma.

Tras el parón del pasado verano, estaba previsto que el Gobierno aprobara el anteproyecto de esta ley en su primera reunión después de las vacaciones. Pero ni siquiera se llegó a debatir en el Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de la Presidencia aseguran que, en aquel momento, 'se decidió darle otra vuelta, se pensó que se podía mejorar'. Pero todo quedó ahí.

En Presidencia aseguran que el borrador sigue debatiéndose

Ya en 2011, la presentación de la ley 'no forma parte del calendario de medidas urgentes' que detalló el presidente el pasado diciembre. Fuentes cercanas al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, aseguran, sin embargo, que se sigue trabajando en el borrador de la ley. 'Está sujeto a consultas dentro del Gobierno, ya veremos cuál puede ser el mejor momento para su presentación', explican.

Junto a la prometida Ley de Libertad Religiosa, el carpetazo al borrador de la Ley de Transparencia Pública supone el segundo parón de un proyecto emblemático de Zapatero. La apuesta por ambas iniciativas figuraba en los programas electorales de los socialistas de las dos últimas campañaselectorales.

La ONG Acces Info denuncia el «secretismo» del Ejecutivo

Fuentes gubernamentales justifican la congelación de la norma en la dificultad de alcanzar acuerdos entre los ministerios a la hora de determinar lo que es la denominada 'información sensible'. El pasado julio, la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, informó de la 'próxima' presentación de la ley y remarcó la importancia de 'salvaguardar' la 'confidencialidad' y la 'seguridad'. Además, apuntan estas mismas fuentes, digitalizar los documentos para facilitar su acceso también entraña muchas dificultades técnicas. Y es que estaba previsto que la nueva legislación obligara a las administraciones e instituciones públicas a garantizar a los ciudadanos el acceso a toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva. La regulación de estos principios habría contribuido a eliminar el habitual silencio administrativo ante peticiones incómodas de información.

Con la decisión del Gobierno de colocar el borrador de esta ley en su cajón de promesas incumplidas, se pierde, por ejemplo, la oportunidad de evitar episodios como el de la negativa de la Generalitat Valenciana a hacer públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.

Según datos de la Coalición Pro Acceso, promovida por la ONG Access Info Europe, sólo cinco de los 27 países de la UE no han regulado aún el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones. España es uno de esos cinco países, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo.

Envió la semana pasada una carta a Jáuregui pidiendo retomar el diálogo

Acces Info Europe ha intentado, con relativo éxito, ser parte activa del proceso de redacción de la Ley de Transparencia. En diciembre de 2009, la directora general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Ángeles Ahumada, se reunió con representantes de esta plataforma, de la que forman parte 29 ONG, entre las que se encuentran Intermón, Ecologistas en Acción, Reporteros sin Fronteras o Transparencia Internacional.

Sin embargo, más de un año después, estos colectivos denuncian el 'proceso de secretismo' que ha rodeado la elaboración de la norma y la 'enorme dificultad' que han encontrado a la hora de establecer canales de comunicación con el Gobierno. Access Info Europe remitió el pasado miércoles una carta al ministro de la Presidencia, en la que solicita información sobre el anteproyecto de ley y se ofrece a retomar los contactos. En el ministerio aseguran que todavía no han recibido la misiva.

La organización obtuvo un borrador de la ley a través de una filtración y, en ese momento, decidió publicarlo en su página web y hacer una consulta pública. 'Si algo queda claro, es que los ciudadanos quieren más información sobre la futura norma. Además, la propuesta es insuficiente para garantizar este derecho', explican.

La ONG ha constatado, tras ese primer análisis, que el anteproyecto contiene 'graves defectos' en lo relativo a los plazos, el alcance de la ley que sólo afectaría al nivel administrativo o el derecho de recurso.

El borrador de la Ley de Transparencia es, según Access Info Europe, insuficiente para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. La disposición europea establece un alcance general de la norma, a diferencia del anteproyecto español, que excluye, por ejemplo, al Poder Legislativo y al Judicial. El Convenio del Consejo se refiere a los 'documentos en posesión de las autoridades públicas', mientras que el borrador excluye, entre otras cosas, estadísticas oficiales, archivos históricos, registros públicos e información de apoyo a estos.