Una sentencia emitida el pasado 30 de diciembre por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenaba a cuatro guardias civiles a varios años de prisión por torturas a los autores del atentado de la T-4 de Barajas. Con esta decisión, la magistratura reconocía una serie de prácticas ilegales que los agentes habían ejercido con los detenidos.  El texto de la sentencia incluye 'golpes con la mano y el puño en la cara y la cabeza', así como 'patadas en los costados y en las piernas y puñetazos por todo el cuerpo', para explicar estas prácticas. 

Tras el fallo, varios expertos analizaron el pasado jueves las dimensiones del  problema en el debate televisado de La Tuerka (en Telek). Entre ellos, el catedrático de Ciencia Política en la UNED, Ramón Cotarelo, un integrante de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura, y la profesora de Ciencia Política y miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de Barcelona, Gemma Ubasart. 

'Hay una frontera entre la tortura y los tratos inhumanos', indicaba el profesor Ramón Cotarelo, quien defendía la postura de que la tortura 'se produce' a pesar de 'estar prohibida'. En un análisis explicativo del porqué de estas prácticas, el catedrático de Ciencia Política esclarecía que 'no se aplican medidas' en contra cuando se producen los hechos y apuntaba hacia la impunidad existente entre la clase política que no se ve obligada 'a dimitir'. 

El caso de la comisaria de Las Corts, en Barcelona, salía a relucir en el debate como ejemplo de falta de 'higiene democrática'. 'Quiero creer que los que maltratan lo hacen sin recibir órdenes. Aún así, alguien debería dimitir', subrayaba Cotarelo. 

Ubasart analizaba la 'dejadez' como causa principal que ocasiona la 'tortura'. Retomó el ejemplo de la polémica comisaría barcelonesa para recordar que no se interponen las medias preventivas suficientes. 'Como mucho unas cámaras, algún código ético, pero nada más'. La base que sustenta esta realidad, según la profesora de Ciencia Política, reside en la indiferencia ciudadana: 'Para la gente esto no es un tema clave y por ello, la clase política tampoco lo tiene en cuenta'.

Aseguraba Ubasart que en una esfera 'excepcional' circunscrita al ámbito de la lucha antiterrorista, 'la tortura existe por voluntariedad', porque hay 'medidas procesales' que posibilitan malos tratos. La incomunicación temporal y física es un ejemplo que utilizó Ubasart para referenciar una práctica legalizada.  

Por su parte, Jorge del Cura consideraba que estas prácticas se dan de manera 'generalizada', 'no sistematizada' , respondiendo a una 'falta de voluntad', un problema que se explica por la 'escasa prevención'.  

'Hay que exigir el respeto escrupuloso a los derechos humanos y a las garantías fundamentales', concluía Ubasart, algo que refutaba Cotarelo con el recordatorio de que la tortura fue una 'práctica procesal' reconocida durante siglos y que supuso un 'hito' histórico sacarla de la legalidad.