Algunas de las principales asociaciones españolas demandaron hoy al Gobierno la creación de una fiscalía especializada en casos de discriminación, tras la presentación, el pasado viernes, del anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación. 'Es trascendental', reclamó el presidente de la asociación Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, al destacar que se trata de un delito muy extendido, pero repleto de matices.

En la misma línea se mostró el presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Toni Poveda, que insistió en los dos pilares que, a su juicio, deberían de sostener la futura norma: garantizar la igualdad de oportunidades y perseguir al discriminador. Para lograr una mayor eficacia en el segundo apartado, resulta 'fundamental' contar con la citada fiscalía.

Para favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, la FELGTB espera que la ley incorpore políticas de discriminación positiva para proteger a los colectivos más vulnerables, como, por ejemplo, los transexuales. A pesar de que el agravante de discriminación está recogido en el ordenamiento jurídico, Ibarra destacó la importancia de que cada denuncia especifique el motivo que ha provocado el delito (racismo, homofobia, machismo...). De este modo, explica, las estadísticas permitirán tener un reflejo más fiel de la realidad.

'Europa lleva reclamando a España durante muchos años estadísticas sobre discriminación', aseguró el activista, que explicó que corresponde al Ministerio del Interior aportar los instrumentos estadísticos relativos al odio, detallando su tipología.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) también demandó en un comunicado que 'se recojan de manera integral las diferentes variantes de la discriminación y que se concrete una transposición más adecuada y efectiva de las directivas europeas antidiscriminación'.

A pesar de las demandas, las asociaciones valoran positivamente la iniciativa legislativa, que desarrollará los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y adaptará la legislación nacional a las normas europeas. La ley, que está previsto que entre en vigor en 2013 e incorpore un nuevo régimen sancionador, podrá imponer nuevas multas desde 150 euros en los casos más leves hasta 500.000 euros en los más graves.

En la presentación del anteproyecto, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, negó que la norma fuera a traer consigo una reforma del Código Penal. Sin embargo, el presidente de Movimiento Contra la Intolerancia pidió que la futura ley 'invite a reformarlo' porque recoge nuevas formas de discriminación (ampara a obesos, enfermos o a sin techo, por ejemplo) que no están incluidas en el actual Código Penal.

En los próximos meses, el Gobierno tiene previsto realizar rondas de contacto con los colectivos del sector, así como remitir el texto legal a órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, y al Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas.