El Gobierno presentó ayer la última norma social de la legislatura que desarrollará derechos constitucionales, el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. La iniciativa facilitará la lucha contra la discriminación por distintas causas, creará un organismo estatal que aglutinará las funciones y recursos en torno a esta materia e incluirá un nuevo régimen sancionador. Así, discriminar a alguien podrá acarrear multas desde 150 euros en los casos más leves hasta 500.000 euros en los más graves, según informaron a Público fuentes de Sanidad.

La ley, que está previsto que entre en vigor en 2013, no conllevará, en cualquier caso, una reforma del Código Penal. El anteproyecto que estudió ayer el Consejo de Ministros y coordinará el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad arranca con tres grandes objetivos: la ampliación de los recursos jurídicos de quienes sean discriminados, la identificación y el estudio de las causas de discriminación, y la sensibilización de la ciudadanía.

La ley creará una autoridad estatal para evitar la discriminación

'Se trata de construir una sociedad que no humille a nadie y en la que nadie sea humillado: una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley', defendió la titular de Igualdad, Leire Pajín.

La iniciativa, una promesa electoral del PSOE, desarrollará los artículos 9 y 14 de la Constitución, relativos a la igualdad de todos los ciudadanos y a la obligación del Gobierno de velar por su cumplimiento. Además de la discriminación 'por lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, condición, opinión ahora también hablamos de edad, discapacidad, identidad sexual y enfermedad', apuntó la ministra.

Esta lucha 'no se construye sólo sobre la base de pertenencia a minorías, sino por rasgos que nos pueden afectar a todos los ciudadanos y ciudadanas', aseguró la ministra, que puso como ejemplos de causas de discriminación cercanas a todos los ciudadanos la edad, la enfermedad o la discapacidad.

El Partido Popular cree que la norma tendrá 'una utilidad menor'

En la misma línea, el texto adaptará la normativa europea sobre discriminación, que incluirá, por primera vez, todas las definiciones que hay en la Unión Europea: por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias.

Con la nueva ley, España se une a la mayoría de países miembros de la UE que ya habían aprobado normas similares en años anteriores. El Gobierno alaba las políticas que han desarrollado Alemania, Holanda, Austria y Suecia para combatir la discriminación.

Desde el punto de vista organizativo, el Gobierno aunará en un nuevo organismo, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, las entidades que trabajan en la actualidad en estas materias, como la Subdirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, y parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia, de la Dirección General de Discapacidad y del Observatorio de Educación, entre otros.

Según el Gobierno, la ley pretende 'sacar a la luz y visibilizar los problemas de discriminación que existen en la sociedad'. En este sentido, la creación de informes estadísticos tendrá un valor importante, tanto para el estudio de las necesidades sociales como para la sensibilización. Está por ver si el Gobierno elaborará estadísticas públicas, por ejemplo, de denuncias por motivos de racismo, similares a las que tienen otros países de la UE.

Entre las reclamaciones que las organizaciones sociales han trasladado al Gobierno en los últimos años figura la creación de una fiscalía especializada en discriminación. Aunque el Ejecutivo ha barajado en los últimos meses esa posibilidad entre sus informes, ayer finalmente no se incluyó entre los anuncios que hizo públicos la ministra.

Otro punto polémico de interés era la posibilidad de invertir la carga de la prueba en los juicios a favor de la persona que sufre la discriminación, para que sea el denunciado el que tenga que demostrar su inocencia. Por el momento, el Gobierno tampoco plantea esta posibilidad.

Pero el anteproyecto tiene aún un largo desarrollo por delante y sufrirá modificaciones. Tras la primera lectura de ayer, el texto pasará por los órganos consultivos, como el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, y por el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. Además, el Gobierno pretende discutir su contenido en diversos foros y con organizaciones sociales.

Uno de los grupos con los que se sentará en los próximos días para negociar la ley será el Partido Popular. Ayer, su diputado nacional por Murcia Vicente Martínez Pujalte lanzó el primer ataque, en referencia a los desequilibrios territoriales. 'El Gobierno promueve leyes con una utilidad menor. Debería dar ejemplo y empezar a trabajar para que se considere por igual a todos los españoles con el fin de que no siga discriminando a la región de Murcia frente a otras', reclamó.