Pere Puig Puntí, el albañil detenido ayer tras matar a tiros a cuatro personas en Olot (Girona), tenía licencia de armas de caza desde hace bastantes años. Y, asociadas a ella, las guías de una escopeta y un rifle. Todo ello en regla. De hecho, este mismo año había pasado el examen psicotécnico para renovarla. No tuvo ningún problema para superarlo. Nada hacía pensar entonces que este 15 de diciembre se convertiría en un asesino múltiple y que para ello utilizaría su rifle de caza legalmente registrado.

El asesino había renovado este año sin problemas su licencia

Según los últimos datos estadísticos de la Guardia Civil, de quien depende su control en España, en 2009 existían en nuestro país 3.384.750 armas legales en manos de civiles (no se contabilizan las que poseen los integrantes de las diferentes policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas). Es decir, un arma cada 14 habitantes. Unas cifras que se han mantenido estables en los últimos años, con ligeras alzas y bajas anuales, y que registraron su máximo pico en 2008, cuando se llegaron a contabilizar 3.466.739.

De todas ellas, nada menos que un 89% son escopetas. En concreto, 2.744.859 están catalogadas como de caza menor, las más habituales en España, y 270.945 más como de caza mayor. En total, 3.015.804. Además, los españoles poseen 9.405 pistolas y revólveres destinadas a defensa personal; 184.928 carabinas para caza menor; 949 ballestas con idéntico fin; 103.575 armas largas y cortas de tiro deportivo, y 52.107 históricas de diferente tipo, todas ellas en uso, y que mayoritariamente están en poder de coleccionistas.

En Extremadura hay un arma por cada 7 personas

Por comunidades, Andalucía es la autonomía que en cifras absolutas más armas registradas tiene. En concreto, 688.422. Le siguen a bastante distancia Catalunya (375.204), Valencia (358.013) y Madrid (335.010). Sin embargo, ninguna de estas cuatro comunidades encabeza el ranking del número de habitantes por arma. Esta lista está liderada por Extremadura, donde existe un arma por cada siete habitantes. Le siguen a corta distancia Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde hay un gatillo cada nueve personas. Las tres son comunidades con una amplia tradición de caza. En el extremo opuesto, Canarias, donde sólo hay una por cada 29 personas. En Catalunya, donde se produjo el múltiple crimen de ayer, sólo hay un arma cada 20 habitantes.

Un maremágnum que el Gobierno se dispone a reordenar en los próximos meses. De hecho, el pasado 30 de noviembre, el Ministerio de Interior publicó en el BOE el proyecto de real decreto para la reforma del reglamento de armas. Un texto que ha provocado las protestas de cazadores, tiradores y propietarios de armerías, que consideran que con las nuevas normas se añaden nuevas trabas al uso de éstas en España. Desde la Guardia Civil, sin embargo, se insiste en que es una reforma necesaria para adaptar el reglamento actualmente vigente, de 1993, a la normativa europea.

En diferentes foros de cazadores en internet, estos días se pueden leer numerosas críticas a aspectos técnicos de la reforma, sobre todo a la prohibición de cargadores móviles de armas semiautomáticas con capacidad para más de dos tiros. 'Lo que quieren es que los civiles no tengamos CETME ni AK47', afirma uno de ellos en referencia a fusiles de asalto.

Sin embargo, no es la única novedad que pretende introducir el Gobierno. Así, el proyecto eleva de los 14 a los 16 años la edad mínima para que un menor pueda ir de cacería y usar escopetas. Para practicar el tiro olímpico, la edad mínima fijada es, sin embargo, de 14 años.