La prórroga del estado de alarma suscita división entre los juristas. Sucedió con el primer decreto del Ejecutivo, el día 4, y volvió a repetirse ayer. Mientras unos expertos consideran correcta la prolongación de una medida excepcional, otros juzgan que no se puede aplicar a los controladores de modo 'preventivo'.

'No se puede jugar con el estado de alarma. Es un instrumento muy delicado, regulado de forma restrictiva -señala a Público Juan María Bilbao, constitucionalista de la Universidad de Valladolid-. Los técnicos se dieron cuenta de que se habían pasado y han perdido la batalla de la opinión pública. No creo que se atrevan a repetir'. Este profesor entiende que, 'políticamente', para el Gobierno es una medida 'más eficaz', porque se ahorra el desgaste que le generaría otra crisis, pero 'jurídicamente', presenta 'dudas de constitucionalidad'. Añade que la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea ya prevé castigos 'potentes' y que, en todo caso, siempre cabría decretar el estado de alarma a posteriori, si hay otro plante.

Benito Aláez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, se alinea con Bilbao. 'El Gobierno y el Congreso deberán alegar muy bien por qué recurren a la alarma, con datos. No pueden actuar por la mera sospecha de que la situación se repetirá, por temor. La prórroga es la solución cómoda, que no la correcta'. Aláez cree que el Gobierno se siente 'reforzado' después de su gestión de la crisis, aunque duda incluso de la 'legalidad' de la militarización de las torres de control y la movilización de los técnicos. Recuerda que sería suficientemente 'disuasorio' que la fiscalía y la policía mostrasen que están 'vigilantes' ante posibles nuevos abusos y urge a la aprobación de una Ley de Huelga que prevenga estos casos.

'Yo no veo problema en que se haga uso de la prórroga, siempre que se justifique', apunta en cambio Javier Corcuera. Este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco arguye que el estado de alarma es el único instrumento que 'garantiza' la normalidad ante una 'excepcionalidad notable', como una huelga salvaje. 'Es una institución que es facultad del Gobierno, proporcionada, y si hay previsión de que el suceso pueda reproducirse, está justificado el recurso', agrega.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga tampoco ve obstáculos: 'Siempre que lo apruebe el Congreso, es algo previsto en la ley'. Hay que fijarse, dijo, en la situación límite a la que el conflicto ha llegado en los meses anteriores, informa Europa Press.