Roser Salvador ha tirado la toalla. Se niega a intentar, por tercer año consecutivo, que su hijo Miquel tenga plaza en una escuela infantil pública. 'Le queda sólo un curso y ya se ha adaptado al centro, así que no lo voy a cambiar ahora', se resigna esta educadora social barcelonesa de 36 años. Aunque se confiesa 'pro-escuela pública', Roser ha tenido que ser previsora. 'Matriculé a mi hijo en un centro privado estando embarazada, todavía no sabía ni cómo se iba a llamar, lo inscribí solo con los apellidos', recuerda.

Conocedora de la saturación de las escuelas públicas, quiso asegurarse de que su hijo tuviera plaza en algún centro porque, según dice, 'en las privadas, también es complicado entrar'. Evidentemente, probó suerte en la escuela pública, pero no logró plaza. Solo había 17 para 180 familias solicitantes. Ahora, Roser y su pareja pagan 420 euros al mes por el centro de su hijo. Desde hace dos años, Miquel forma parte del 53% de niños y niñas que van a la escuela privada en Catalunya, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

'Es de justicia poder decidir la educación de tu hijo', reclama Jordi

En España hay 401.582 niños y niñas de 0 a 3 años matriculados en 7.847 centros públicos (para alumnos de hasta 6 años), según el Ministerio de Educación. La Ley Orgánica de Educación (LOE) transfirió la gestión de las escuelas infantiles a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, por lo que son estas administraciones las que establecen los requisitos que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo voluntario de Educación Infantil (0 a 3 años).

Según los sindicatos, el hecho de que cada comunidad 'elabore decretos de acuerdo a sus intereses, criterios y valores produce mayores diferencias entre unos territorios y otros', afirma UGT-FETE Enseñanza. Estas desigualdades afectan a la ratio, a las instalaciones, al número de profesores por alumno y hasta a los baremos (renta, cercanía con el centro, etc.) que se utilizan para seleccionar a los niños. El desajuste entre comunidades influye también en el precio de la matrícula. En Catalunya, por ejemplo, una plaza en un centro público cuesta una media de 221 euros al mes, frente a los 71 de Extremadura, la comunidad que registra un mayor porcentaje de alumnos en centros infantiles públicos, según la OCU. Para evitar estas desigualdades, los sindicatos piden que el Ministerio 'establezca un real decreto de requisitos mínimos para todas la comunidades autónomas', afirma Charo Pérez, de UGT- FETE Educación.

Ya no son guarderías

Una plaza en una escuela pública cuesta la mitad que en una privada

A Jordi y Andrea, residentes en Madrid, no les valió de nada trabajar los dos a tiempo completo y vivir cerca del centro público donde querían llevar a su hijo Nicolás. Se quedaron en el octavo puesto de la lista de espera y no les quedó otra que apuntar al niño a la privada. 'Es de justicia poder decidir cómo quieres que sea la educación de tu hijo', reclama Jordi. Aunque estaban contentos con el centro privado, al año siguiente volvieron a intentar apuntar a Nicolás a la escuela pública. Se quedaron, otra vez, en el octavo puesto de la lista de espera. 'Y lo peor fue que, al cabo de cuatro meses, nos llamaron porque varios padres habían sacado a sus hijos del centro y quedaban plazas libres', explica Andrea. 'Es una guerra, pero las privadas no están tan mal', reconoce Roser, 'son más flexibles en los horarios y ofrecen más facilidades, como por ejemplo, abrir en Navidad, aunque te cobren 20 euros más cada día'.

Ese planteamiento choca con el concepto que tiene el Ministerio de Educación de las escuelas infantiles. La ampliación y extensión de la escolarización de 0 a 3 años marca el carácter educativo de este periodo y entierra la palabra guardería. El recién nombrado secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera, insiste en que 'las escuelas infantiles ya no son aparca-niños'. 'A los tres años, un niño tiene desarrollado el 80% de su personalidad', sigue Bedera, 'así que es imprescindible un programa educativo para este periodo vital'. En esa dirección, Bedera considera un paso importante que la educación infantil dependa del Ministerio de Educación y no del de Bienestar y Familia, como hace unos años, informa Diego Barcala.

Más oferta, menos calidad

UGT: 'La saturación de las aulas reduce la calidad de la enseñanza'

El Ministerio de Educación ha creado 852 nuevos centros infantiles desde 2008 con el objetivo de que todos los padres que quieran, puedan llevar a sus hijos a la escuela pública. Aun así, incrementar la oferta de plazas no siempre es sinónimo de mejora, según la Junta de Portavoces de Educación Pública 0-6 años. A tenor de una encuesta que este colectivo ha hecho a 267 equipos profesionales de escuelas infantiles de 0-3 años de la Comunidad de Madrid, la mayoría del profesorado advierte un incremento de la ratio (hasta 20 niños por profesor cuando antes el tope estaba en 16) y una reducción en la calidad de la enseñanza.

Desde la aprobación del decreto 18/2008, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, los maestros 'no pueden prestar una atención individualizada a los niños como hacían antes, se han visto obligados a reducir las sesiones de psicomotricidad o actividad plástica y consideran que la relación con las familias también ha empeorado', explica Carmen Ferrero, miembro de la Junta.

La Comunidad de Madrid 'presume', dice Ferrero, de ser la región con la mayor tasa de escolarización de niños menores de tres años, pero este crecimiento se ha llevado por delante la calidad de la educación infantil. A raíz del aumento de la ratio y de los grupos, sigue Ferrero, 'los profesores han observado cambios en el comportamiento de los alumnos, como un aumento de la agresividad, el nerviosismo, la inseguridad y los conflictos entre ellos, que se pelean por el escaso material'. Esos problemas, advierte Ferrero, no se quedan en las aulas: 'Una educación infantil de mala calidad influye de manera decisiva en el desarrollo académico futuro', afirma.

Educación ha creado 852 nuevos centros infantiles desde 2008

Políticas compensatorias

Jordi y Andrea dedican 1.100 euros mensuales a la educación de su hijo. 400 euros de escuela infantil (la pública les costaría poco más de 100) y una chica a tiempo completo que cobra 700 euros al mes por ayudarlos con el niño. 'Nosotros nos lo podemos permitir, pero no todo el mundo tiene la misma suerte', reconoce Andrea, que cuenta que su hermana, con el marido en el paro, también se vio obligada a llevar a su hijo a la escuela privada. Por todo eso, UGT reclama al Gobierno que apueste por 'políticas compensatorias para los padres que se quedan sin plaza en la escuela pública y necesitan ayuda'.

Jordi y Andrea tienen otro hijo de ocho meses y medio, Álvaro, que probablemente irá a la misma escuela privada que su hermano 'por una cuestión de confianza', explican. Miquel, en cambio, es hijo único. 'Con lo que cuesta la privada y teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir plaza en la pública, me planteo tener otro hijo', confiesa Roser.