Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, quiso ayer quitarse de encima un pesado sambenito: el de haber archivado la causa judicial que se seguía contra Francisco Camps, presidente autonómico, por los lazos de amistad que les unen a ambos. A 15 días de ser relevado de su cargo, De la Rúa aprovechó uno de sus últimos actos públicos como máximo responsable del TSJCV para negar que Camps y él fueran amigos. Entre ellos, dijo, no había más que una 'relación institucional'.

Fue el propio Camps el que afirmó en público la existencia de esa amistad. En el año 2008, meses antes de ser imputado por presunto cohecho en relación con el caso Gürtel, el president dijo: 'Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat'.

El presidente del TSJCV aseguró ayer que la frase fue 'sacada de contexto'. Explicó que la ley prohíbe a los jueces juzgar a aquellas personas con las que les una lazos de 'amistad íntima', algo que, según se esforzó en afirmar, no existía entre él y Camps. 'Yo no he comido, no he cenado, no he tomado una cerveza con el señor Camps jamás. He casado a cuatro hijos y no le he invitado a la boda de mis hijos. ¿Dónde está el amigo íntimo, que no le invitas a la boda de tus hijos?'.

El caso del presidente Camps fue para él 'uno más'. El magistrado explicó que, pese al ruido mediático, no tenía más elección que intervenir en la causa: '¿Qué hago?, ¿incumplo la ley porque ustedes me dicen que la incumpla?', afirmó ante los periodistas.

Por su cargo al frente del TSJ de Valencia, De la Rúa preside también la Sala de lo Civil y lo Penal de este mismo tribunal. Desde ese puesto, en agosto de 2009 firmó el archivo de la causa que se seguía contra el presidente valenciano por un presunto delito de cohecho. A Camps se le acusaba de haber aceptado regalos trajes por un importe superior a 12.000 euros procedentes de empresarios de la trama Gürtel, a los que su Gobierno había adjudicado más de siete millones de euros en contratos.

De la Rúa archivó el caso en contra del criterio del magistrado instructor, José Flors, que un mes antes había detectado suficientes indicios de delito en Camps como para sentarlo en el banquillo. Flors consideró que no había pruebas de que el mandatario hubiera pagado sus trajes y que la posible existencia del delito había alcanzado el grado de 'realidad muy probable'.

A pesar de la rotundidad del auto, De la Rúa decidió un mes después atender al recurso de Francisco Camps y archivar la causa. En su auto, no negaba que Camps hubiera recibido los trajes. Su argumento fue que no había pruebas de que el presidente autonómico hubiera recibido esos regalos en atención al cargo que ocupaba.

El carpetazo al caso con tales argumentos agudizó la sospecha de parcialidad que pesaba sobre él. Meses después, el Tribunal Supremo reabrió la causa y hoy Camps vuelve a estar imputado. Pero esta vez, el fin del mandato de De la Rúa impedirá que vuelva a ocuparse de su caso. El próximo destino del magistrado será la sala de lo Social del mismo tribunal.