El Gobierno quiso salir ayer al paso de la polémica suscitada en torno a la próxima reforma del Código Civil que restringirá la custodia de los hijos a los procesados por maltrato. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente del Ejecutivo, admitió la necesidad de 'aclarar términos' en torno a esta futura modificación, al término de una reunión del Consejo de Ministros en la que se pusieron sobre la mesa dos informes elaborados por los departamentos de Sanidad e Igualdad y de Interior para hacer balance y 'pasar revista al desarrollo' de la legislación puesta en marcha desde 2004 contra la violencia de género.

El Ejecutivo acordó la modificación que permitirá que las personas 'hombres o mujeres', acotó Alfredo Pérez Rubalcaba que estén inmersas en una causa penal por maltrato no puedan tener la custodia individual de sus hijos, si también están involucrados en un proceso de separación o divorcio.

El Ejecutivo señala que se hará en 'casos muy concretos'

El portavoz del Ejecutivo evitó 'polemizar' con las asociaciones de jueces que cuestionan la medida, que califican de innecesaria y propagandística. Para delimitar su extensión, Rubalcaba trazó tres fronteras: es una solución 'cautelar', se aplicará 'en casos muy concretos' y es 'razonable'. 'Es una medida que ha sido pensada, debatida en el Parlamento en numerosas ocasiones y que pretende hacer algo súper razonable', insistió el portavoz del Ejecutivo para sortear la 'confusión' creada tras el primer anuncio de la iniciativa por parte del ministerio de Leire Pajín.

Para Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), el motivo de tal confusión se debe a que 'no le corresponde al Ministerio de Sanidad, y sí al de Justicia, reformar el Código Civil', manifestó.

Las asociaciones de jueces estudian si la reforma es inconstitucional

Las asociaciones de jueces continúan dudando de la utilidad de la reforma del Gobierno, a pesar del intento de Rubalcaba por esclarecer los puntos conflictivos de la misma.

En lo referente a la privación de la custodia al maltratador 'incurso' en un proceso penal como medida cautelar para proteger a los hijos durante el proceso de divorcio, José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JdP), opinó que 'es absurdo legislar al respecto'. 'Si existe riesgo para el menor, el juez encargado del proceso penal ya toma medidas para protegerle. ¿Por qué regularlo también en el proceso civil?', cuestionó.

De hecho, el Código Penal ya recoge la inhabilitación del ejercicio de la custodia e, incluso, la suspensión del régimen de visitas, pero deja en manos del juez la responsabilidad de cada caso. La propuesta de Pajín, sin embargo, pretende limitar los derechos del maltratador de forma automática para proteger siempre a los menores.

La iniciativa pretende que las mujeres pierdan el miedo a divorciarse

Ese 'automatismo' es uno de los motivos de crítica de la Francisco de Vitoria. 'El delito de maltrato es muy amplio: va desde una amenaza hasta el asesinato y por eso es una barbaridad que sólo por estar encausado se le retire la custodia', explicó Sexmero. Fuentes del Ministerio de Sanidad resaltaron que esa restricción no se aplicará 'sólo por el hecho de ser denunciados', sino que va dirigida 'a los que ya se encuentren en un proceso penal', aclararon.

Rubalcaba aplaudió el trabajo realizado por 'todas las administraciones' en el combate contra la violencia de género, a pesar de admitir que este año 'va peor que el pasado', refiriéndose al número de víctimas mortales, que ya suman 64. 'Junto a este dato horroroso y durísimo hay mucho trabajo hecho', defendió Rubalcaba, quien además añadió una pregunta y una respuesta: '¿Qué habría pasado si no hubiéramos adoptado las medidas que se han tomado?. Habría mucha más gente que se sentiría perseguida, agredida y sin libertad'.

Los jueces ven además indicios de inconstitucionalidad en la reforma propuesta. 'Esa medida atenta contra la presunción de inocencia, contra la imparcialidad del juez, contra la igualdad entre las partes de un proceso y hasta limita el derecho de defensa', alegó José Antonio Ballestero, de la Asociación de Profesionales de Magistratura. Ballestero, además, afirma que la palabra 'incurso', utilizada por el Gobierno, no es un término jurídico.

El vicepresidente: 'La medida se aplicará a hombres y a mujeres'

Las tres asociaciones de magistrados coinciden en que 'no se pueden delimitar las funciones del juez. Hay que estudiar cada caso, atendiendo a los intereses del menor, pero sin generalizar', concluyeron los tres portavoces.

Pérez Rubalcaba respondió ayer a las acusaciones: 'Estoy convencido de que la polémica se va a despejar muy pronto. En cuanto vean lo que estamos haciendo se darán cuenta de que es una reforma razonable', declaró. 'Pensamos que los niños van a estar mejor, no con el presunto maltratador o maltratadora, sino con el presuntamente maltratado', añadió el vicepresidente para defender la idoneidad de la reforma.

Por parte de las asociaciones de mujeres, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, se mostró entusiasmada con la noticia. 'Es una reforma plausible, humanitaria e imprescindible porque lo primordial es que los niños dejen de sufrir las consecuencias de la violencia de género', sentenció.

Sanidad pretende, además, que las mujeres maltratadas 'dejen de tener miedo a divorciarse, aunque ya hayan denunciado a su marido, por miedo a perder la custodia de sus hijos'.

Eva Zaro, experta en Derecho de Familia de la Asociación de Padres Separados de Aragón, manifestó sus dudas al respecto. 'Los procesos penales son muy largos. ¿Y si un padre acusado de maltrato deja de ver a sus hijos durante años y luego sale absuelto?', concluyó la abogada.