La número dos del PP no quiso precisar ayer en Gavá (Barcelona) si el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde es diputada, apoyará la iniciativa que le obligaría a renunciar a uno de sus sueldos o a uno de sus cargos. Pero dio pistas de que se opondrá cuando recomendó a 'algunos que están gobernando', en alusión al PSOE, que se dediquen 'a proponer a los ciudadanos las recetas que tienen para salir de la crisis en vez de hacer leyes especiales para determinadas personas, leyes que hacen mal e incluso pueden ser ilegales'.

Con estas palabras, María Dolores de Cospedal se refería a una iniciativa legislativa registrada sólo un día antes por los socialistas. Esta obligará a los políticos que compatibilicen los cargos de diputado y senador por designación autonómica a percibir sólo uno de los sueldos, 'con renuncia a cualquier otra retribución pública o privada'. La medida se aplicará cuando se elijan los próximos senadores en representación de la comunidad. Cospedal es ahora senadora y diputada autonómica, así que está en el supuesto que regulará la nueva norma. Sin embargo, la dirigente del PP pronosticó que la ley no le va afectar. Pero no explicó por qué.

En 2009, la líder de los conservadores castellano-manchegos ingresó 240.000 euros por su trabajo como secretaria general del PP y como senadora. Además, en los datos que ella misma ha aportado en las Cortes de Castilla-La Mancha figura que el PP le pagó en 2009, en plena crisis económica, un 30% más que el año anterior. La primera reacción de Cospedal al conocerse este incremento fue la de apuntar a que las críticas le llegan 'por ser mujer'.

Pese a que el cálculo está realizado con las cifras facilitadas por ella misma, Cospedal sigue sin aclarar por qué la cantidad que recibió del partido subió el 30% en un año. Incluso ha llegado a decir que se trataba de algo 'falso'.

Ayer tampoco quiso entrar en este tema con el argumento de que 'eso es de lo que quiere' hablar el PSOE. Según comentó, ella prefiere centrarse 'en lo que quieren los ciudadanos de Catalunya'. 'Lo que esperan es que el PP les diga lo que vamos a hacer para salir de la crisis. Nada más', dijo.

El argumento de la supuesta ilegalidad de la iniciativa de los socialistas fue también el arma esgrimida por el portavoz del Grupo Territorial de senadores del PP de Castilla-La Mancha, Agustín Conde. Según explicó, el reglamento de la Cámara Alta, que tiene rango de ley estatal, es el que regula el Estatuto de los Senadores, por lo que los parlamentarios deben atenerse a él.

'Tendrán que plantearse, muy seriamente, hasta qué punto puede un parlamento autonómico venir a regular el estatuto de un senador que viene regulado por el reglamento del Senado y por la Constitución y no por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y no por un acuerdo singular de estas Cortes', aseguró en declaraciones recogidas por Ep.

Sobre el hecho de que los socialistas aseguren tener informes jurídicos que harían viable esta iniciativa, Conde manifestó que 'seguro que tienen todos los informes habidos y por haber para decir eso y para decir lo contrario, y para decir cualquier cosa intermedia'.

El dirigente conservador, que al igual que Cospedal evitó decir cuál será el sentido del voto de los conservadores castellano-manchegos cuando se debata esta proposición de ley, consideró que bajo esta iniciativa hay 'otro episodio de la cacería' que a su entender el PSOE ha puesto en marcha contra la presidenta regional del PP.