Salvador Garrido murió asesinado por la Guardia Civil en 1947. Pero su nieto Miguel, que ahora tiene 39 años, creció convencido de que su abuelo paterno había muerto 'de repente'.

El miedo tapó las bocas de su padre y de sus tías, que no se atrevieron a contarle el drama familiar hasta bien entrada la democracia. Y sólo ayer, 63 años después del crimen, pudo el nieto cargar con los restos de su abuelo para enterrarlos dignamente.

Junto a Miguel, una treintena de familiares de represaliados del franquismo recibieron los restos de sus deudos, que durante seis décadas permanecieron enterrados en una fosa común del cementerio de Benagéber. Las víctimas exhumadas son tres guerrilleros que peleaban contra el franquismo en las montañas del interior de la provincia de Valencia, un vaquero que les había dado de comer y cuatro trabajadores de las obras de un pantano cercano que les suministraron pólvora y alimentos. Murieron víctimas de la balas de la Guardia Civil, que los enterró sin ataúd, lápida ni funeral. Sus viudas e hijos sufrieron represalias durante años.

En la ceremonia de entrega de los restos hubo pena por los familiares muertos, rabia por la falta de reconocimiento a su lucha por la democracia y alivio por poder al fin enterrarlos dignamente. José Martínez, de 72 años, hijo de uno de los trabajadores asesinados y testigo de algunos de los crímenes cuando era un niño, lloró ayer por su padre todas las lágrimas que se tragó durante la dictadura. En homenaje, gritó un '¡viva la República!' ante la tumba abierta.

Dos asociaciones, La Gavilla Verde y el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, les han puesto en contacto y les han ayudado a encontrar el sitio exacto del enterramiento. Primero acudieron a la Justicia para que investigara el crimen. Ante su silencio, recurrieron al alcalde de Benagéber, Rafael Darijo, que autorizó la exhumación. Una subvención del Ministerio de la Presidencia aportó la financiación necesaria.