Baltasar GarzónEl juez víctima de una cacería desde que descubrió el caso

El 6 de febrero de 2009 estalló el caso Gürtel y, el día 9, el PP presentó su primera queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el instructor de la causa, Baltasar Garzón. El haber coincidido esos días en una cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el jefe de la Policía Judicial sirvió para lanzar todo tipo de ataques contra el magistrado.

Durante los apenas dos meses que tuvo la causa (se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 5 de marzo, pero este no aceptó la competencia hasta el día 31), el PP presentó 16 quejas, denuncias y hasta una querella ante el Tribunal Supremo. El partido acusaba al juez de prevaricación y revelación de secretos, pero el alto tribunal la archivó al no apreciar delito.

Aunque fracasaron todos los intentos del PP de actuar contra el juez, la campaña mediática puesta en marcha en su contra le pasó factura físicamente. El 20 de febrero se sintió indispuesto. Sufría una crisis de ansiedad. Después de dejar el caso, el PP todavía le denunció en tres ocasiones al responsabilizarle de las filtraciones que se habían producido en el caso. Todas fueran archivadas.

Pero no corrieron la misma suerte otras querellas contra el juez. El 27 de mayo de 2009 se admitió a trámite la interpuesta por el autodenominado sindicato Manos Limpias, de corte ultraderechista, al igual que la asociación Libertad e Identidad, que también acusa al juez porque abrió la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Garzón fue suspendido de sus funciones por esta causa el pasado 14 de mayo, justo cuando anunciaba que se marchaba de asesor de la fiscalía a la Corte Penal Internacional, en La Haya.

El pasado enero, el Supremo admitió la segunda querella contra él por unos cobros durante su estancia en la Universidad de Nueva York. La última en ser admitida, la relativa a las escuchas que acordó de los imputados presos en el caso Gürtel, se ha tramitado con tanta rapidez, que el pasado 20 de octubre el instructor dio por terminada la investigación y confirmó que veía delitos

¿Qué ha hecho el PP contra él? Desde que se abrió el caso Gürtel, el PP presentó un total de 18 denuncias y quejas contra Baltasar Garzón. También interpuso una querella que fue archivada.

¿En qué situación está? Está suspendido de funciones. Tiene tres causas en el Supremo, una de ellas por las escuchas de la Gürtel.

El comisario Juan Antonio González es un tipo duro y no sólo de aspecto. Así lo describen los que han trabajado con él a lo largo de los 37 años que lleva en la policía. Pero el último episodio de la campaña desplegada en su contra le ha dejado una muesca en el ánimo. Cuando González creía superado el falso caso de la agenda de Roca, el abogado de un presunto corrupto lo acusó en pleno juicio del caso Malaya de esconderse tras las siglas J. A. G., anotadas en unas cuartillas del cerebro de la trama corrupta junto a la cifra 200.000.

El comisario va a presentar una querella por injurias y calumnias, que el juez no admitirá, previsiblemente, hasta que finalice el juicio. Hasta ahora, González había aguantado sin pronunciarse siquiera.

Y eso que ha tenido que aguantar la artillería pesada del PP. Hasta el ex ministro de Fomento Francisco Alvarez-Cascos denunció la existencia de una 'camarilla policial' que fabrica pruebas contra su partido y que se hizo famosa con los 'papeles de Laos'. Flashback: el comisario González era jefe de la Policía Judicial de Madrid cuando recibió el encargo de ir a buscar al director de la Guardia Civil Luis Roldán a Tailandia y no a Laos, como informó el Gobierno en su momento.

A lo que no ha aludido el PP es a los cargos que ocupaba González en el Gobierno de Aznar; entre ellos, jefe superior en Murcia. De ahí, a máximo responsable de la Policía Judicial en 2004 y al caso Gürtel, que ha marcado el último tramo de su carrera -tiene 61 años-. Y no porque sus subordinados de la UDEF ayudaran a destapar el mayor escándalo de corrupción vinculado a un partido en España, sino por ser blanco de una nueva forma de hacer política: el ataque a los responsables de investigar a los corruptos.

Después de una exhaustiva investigación de Asuntos Internos, el juez descartó en 2005 que la identidad que se esconde detrás de las siglas de la agenda de Roca fuera la de González. Eso sí, lo que no podrá olvidar el comisario es su asistencia a la cacería con Bermejo y Garzón horas después de que estallara la Gürtel.  

El 11 de mayo de 2010, la difusión de un informe de la Agencia Tributaria asestó un mazazo al PP valenciano, entonces sólo amenazado por el caso de los trajes. Basándose en documentos incautados a la trama Gürtel, el informe sostenía que el PP ocultó a Hacienda 2,5 millones de euros en 2007 y que parte de los gastos electorales de ese año habían sido sufragados por un empresario con adjudicaciones otorgadas por la Generalitat. Ese mismo 11 de mayo, el PP anunció que había presentado en un juzgado de Madrid una querella contra el autor del informe, el funcionario número 21536 de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La querella acusaba al funcionario de prevaricación y falsedad documental. Qué ha ocurrido con la denuncia es un misterio: el viernes, los servicios de prensa del PP nacional y del PP valenciano no pudieron explicar en qué punto se encuentra y, ni siquiera, si fue admitida a trámite o no.

El 4 de junio de este año, el PP enseñó el filo de sus cartas al juez Antonio Pedreira. Hasta entonces, los conservadores habían utilizado su personación como 'acusación popular' para enterrar a Pedreira en recursos y demorar así la instrucción. Pero el 4 de junio el PP dio un paso más: acusó al juez por escrito de haber perdido 'la objetividad y la imparcialidad'. La acusación se insertaba en el recurso con que el PP trató de impedir la inhibición de Pedreira en favor del TSJ de Valencia en lo concerniente a la financiación del partido.

Con ese redactado, el PP enviaba un mensaje al juez: el de que la espada de Damocles de la recusación pendía sobre su cabeza. No era la primera amenaza encubierta: 'Pedreira, a quien por cierto ya recusamos en una ocasión', había dicho ya en abril de 2009 Esperanza Aguirre en un pleno de la Asamblea de Madrid. El pasado 30 de septiembre, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM confirmó la inhibición dictada por Pedreira.

Azote de Camps desde las Corts y acusación popular en el caso de los trajes, Ángel Luna se ha convertido en objetivo clave para la derecha. En su intento por anular al portavoz del PSPV, el PP le ha planteado dos querellas ante el Tribunal Superior de Valencia, una por soborno y otra por revelación de secretos. La primera acusación se sustenta en los trabajos por los que, hace 13 años, un albañil cobró 4.000 euros a cambio de levantar una pared y arreglar unos sanitarios en un piso que no era de Luna sino de su novia, hoy su mujer. Y dice el PP que esa factura, cuyo rastro se ha perdido 13 años después, la pagó Enrique Ortiz, supuesto financiador de Camps. 'Eso lo pagué yo', proclama tajante el diputado socialista.

Tras cesar como alcalde de Alicante en 1995, Luna trabajó a partir de 1997 en un bufete que tenía a Ortiz como cliente. En 1999, pasó a ser asalariado del empresario, cuyo poder -recalca Luna- no era el de ahora. El socialista dejó de trabajar para Ortiz en 2002. 'No me sentía a gusto', aduce escueto.

A través de diarios afines al PP, a Luna también se le acusa de haber aceptado un coche regalado por Ortiz. En realidad -y esa factura, remacha, sí la conserva- el coche pertenecía en régimen de leasing a Ortiz e Hijos como todos los demás reservados a sus ejecutivos. Cuando se rompió la relación laboral, Luna pagó el resto pendiente y pasó a ser titular del coche.

El entorno del PP lo acusa igualmente, y sin pruebas, de haber dado trato de favor a Ortiz con contratos amañados. 'Yo gobernaba con 12 de 27 concejales, así que los contratos los estudiaba y adjudicaba el pleno, salvo aquellos de índole menor, pero esos también los veían todos los grupos', argumenta Luna. La segunda querella contra Luna lo acusa de revelación de secretos. El presunto delito, haber exhibido en las Corts un informe de Hacienda sobre los contratos adjudicados a la Gürtel durante la visita del Papa. El informe ya había circulado por la prensa valenciana. Y el ejemplar que mostró Luna no estaba numerado; es decir, no había sido extraído del sumario.  

Mariano Fernández Bermejo ya estaba en el punto de mira del PP cuando ni siquiera sospechaba que Zapatero lo nombraría ministro de Justicia en febrero de 2007. Fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid desde 1992 y hasta que Jesús Cardenal lo destituyó en 2003, el PP no le concedió ni un minuto de gracia tras su llegada al ministerio. 'Ultra' y 'radical de izquierdas' fueron algunos de los epítetos que los conservadores le dedicaron. A los tres meses de tomar posesión del cargo, Bermejo lanzó en un mitin una grave acusación: el PP, dijo, le había impedido investigar como fiscal el tamayazo, la deserción de dos diputados socialistas que en 2003 evitó la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente de Madrid y abrió la puerta de la victoria a Esperanza Aguirre.

Ya afianzado como bestia negra del PP, el 7 de febrero de 2009, al día siguiente de estallar el caso Gürtel, Bermejo acudió a una cacería en Andújar (Jaén). Allí coincidió con el juez Garzón y con otro medio centenar de personas. El organizador de la montería era Bartolomé Molina, paisano de Garzón y dirigente del PP en el municipio de Torres. Fue Molina quien invitó a Bermejo. Y quien, tras enterarse de que el juez estaba pasando el fin de semana en su pueblo común, lo invitó a última hora.

De nada sirvieron las explicaciones de Molina. Porque su partido vio de inmediato en aquel episodio una palanca providencial con la que cumplir una doble misión: vengarse del antiguo fiscal ascendido a ministro y, más importante aún, extender un manto de sospechas sobre la Gürtel. 'Esto no es una trama del PP sino una trama contra el PP', clamó de inmediato Mariano Rajoy.Que Bermejo admitiese que había participado en la montería sin licencia de caza empeoró las cosas. Tras reconocer que su presencia en aquella finca había sido 'inoportuna', el ministro dimitió el 23 de febrero. El PP interpretó el cese como la constatación de que su estrategia de acoso y derribo había sido la adecuada. Y fue a por Garzón.

La implicación de José Tomás en el caso Gürtel podría definirse como la de aquel que pasaba por ahí. Por hacer trajes, tuvo que sufrir durante meses que el PP se dedicara a hacerle trajes a él. Perdió su trabajo y hasta llegó a estar imputado en el procedimiento. ¿Su delito? Haber tomado medidas al president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP de dicha comunidad imputados por haber recibido regalos de las empresas de Francisco Correa.

Al día siguiente de declarar ante el juez Baltasar Garzón, fue despedido de la empresa en la que trabajaba, Forever Young. José Tomás siempre supo que era una represalia por lo que le había contado al magistrado, una pieza clave para que Camps y otros dirigentes del PP valenciano sean juzgados por cohecho impropio. Mientras comparecía ante el juez, el president en persona le llamó ocho veces al móvil.

Tuvo que esperar al pasado 27 de septiembre para quedar libre de la imputación que pesaba sobre él. El instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, declaró que no le correspondía a él la labor de facturación y que ignoraba si los trajes 'se correspondían o no con gastos propios de las empresas' implicadas en la trama corrupta.El PP recurrió la decisión. A José Tomás no le cogió por sorpresa. No en vano, lleva un largo periplo judicial. A su jefe, Eduardo Hinojosa, ya le ha ganado seis pleitos, incluido el que declaró improcedente su despido. Todavía le queda uno en abril de 2011.

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el propio Hinojosa tuvo que admitir que se había reunido con el encargado de diseñar la estrategia jurídica del PP en la causa, Federico Trillo. El primer encuentro se produjo un día después de que se publicara una entrevista de José Tomás. De hecho, ambos anunciaron que se querellarían contra él por emitir facturas dobles, a Camps y a la trama corrupta.