La violencia de género se ceba en los municipios pequeños. De las 56 muertes que se han registrado por esta lacra en lo que va de año, 18 de ellas (un 32%) se han producido en localidades de menos de 9.000 habitantes. El dato es todavía más significativo si se tiene en cuenta que el total de la población de esos pueblos representa sólo un 19, 3% del total estatal (9,3 millones de personas). Esto significa que la tasa de víctimas mortales por violencia de género residentes en estos municipios es de dos por cada millón, el doble que la media nacional.

Esta realidad, a la espera de que finalice 2010, marca un cambio respecto al perfil de otros años, según reconoce el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente. Para Lorente, es el 'control social' el que impide a la mujer que vive en un pueblo denunciar a su agresor. 'Teme el rechazo de los vecinos, la crítica, el aislamiento, que la vayan a criminalizar', explica.

Así, la mujer aguanta y no denuncia. Y el agresor siente que cada vez es más suya. Cuando ella estalle y le abandone, él se planteará matarla. 'Entonces, el control social le pesa a él y no quiere que en el pueblo se le vea como un abandonado y se le cuestione y humille', resume Lorente.

'En los barrios, tras un asesinato, suele salir el vecino que dice: Yo oía que discutían'. Pues si usted oye, denúncie', insistió ayer Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe (Madrid). En este municipio murió, el jueves por la noche, la última víctima por malos tratos. Getafe no es una localidad pequeña (tiene 167.000 vecinos), pero de algún modo en algunos de sus barrios se produce ese control social, como alertó Castro.

Esta última víctima no había denunciado a su pareja, como otras 43 de las muertas de este año (un 77% del total). Hasta ayer ya ha fallecido una mujer más que en todo 2009.

El alcalde de Getafe: 'Si el vecino oye discusiones, pues que denuncie'

Esta situación es especialmente grave en los pueblos. Tres de las mujeres muertas este año vivían en localidades de menos de 700 habitantes. Castro denunció que en los pueblos, 'los servicios sociales e incluso la Policía Municipal' saben cuándo un hombre maltrata a su mujer.

El presidente de la FEMP reclamó 'un gran pacto de Estado' para acabar con esta lacra social. 'Debemos dar garantías a las mujeres para que denuncien, sabiendo que al día siguiente conseguirán un empleo, no perderán la custodia de sus hijos y el bestia correspondiente no sabrá dónde están', señaló.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que 'la lucha contra los malos tratos debe ser una lucha sin cuartel, en la que no caben los silencios cómplices y vergonzantes'. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De La Vega emplazó a la sociedad a 'renovar el compromiso de todos para acabar con esta violencia', informa Carolina Martín.

Llorente: 'Ellas temen el rechazo del entorno, el aislamiento'

La FEMP firmó el pasado febrero un convenio con el Ministerio de Igualdad para que los entes locales coordinen el servicio de teleprotección móvil a las víctimas. También los policías locales trabajan con los cuerpos de seguridad del Estado en la protección de las mujeres y la persecución de sus agresores. Además, los equipos educativos de los ayuntamientos trabajan para detectar en los niños cualquier comportamiento que desvele que sus madres sufren maltrato.

Los expertos, las asociaciones de mujeres y la FEMP coinciden en el papel fundamental de la educación como herramienta de prevención. 'Una carrera de fondo', como lo define la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación de Municipios y Provincias, Ana Barceló.'Dedicamos mucho esfuerzo a la educación. Pero es complicado. Necesitamos más campañas para sensibilizar a los ciudadanos', reconoce Barceló.

Cuanto más pequeño es un pueblo, más difícil es que se denuncie el maltrato, precisamente porque todo el mundo se conoce, destaca la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León, Ascensión Iglesias. 'La gente tiene miedo a implicarse', prosigue.

Iglesias relata un caso reciente en un pueblecito de Castilla y León que ejemplifica lo desesperante de la situación. Una mujer de 38 años sufrió una agresión por parte de su marido, que le cortó la yugular. La mujer, desangrándose, escapó del domicilio saltando por una ventana y cayó en el patio de la vecina, que la auxilió. No obstante, cuando se citó a la vecina a declarar ésta se negó. Alegó que ese episodio formaba parte de la vida privada de la pareja. Por otra parte, Iglesias destaca que la mayoría de mujeres que viven en pueblos pequeños 'desconoce hasta dónde llega el límite de la violencia'.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, considera que el miedo a denunciar es similar entre pueblos y ciudades, donde los vecinos también se conocen. Según apunta, 'la mujer, muchas veces no denuncia por desánimo'. Cerrillos asegura que se dan cada vez más casos en que, tras la denuncia de la mujer, el maltratador también alega al juez que fue maltratado y éste acaba imputando también a la víctima.