La intención del PP de Catalunya (PPC) de exigir a los inmigrantes el pasaporte para poder empadronarse en los ayuntamientos y de facilitar a la policía los datos de los sin papeles ha encontrado la desaprobación del Gobierno. Tras la propuesta de la formación presidida por Alicia Sánchez-Camacho el Ejecutivo ve un uso de la inmigración 'para hacer política'. Pero los conservadores redoblaron su apuesta y denunciaron el 'abuso' de la sanidad pública por parte de este colectivo. Se ocupó de ello Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calificó de 'censurable' el hecho de que los conservadores pongan sobre la mesa iniciativas de este tipo a las puertas de la campaña, a la vez que recordó que es imposible negar el empadronamiento. En este contexto, consideró que Sánchez-Camacho'demuestra saber muy poco de inmigración'.

Arenas quiere que se termine con la demagogia del «papeles para todos»

El borrador del programa electoral del PP catalán apuesta por 'establecer un mayor control en la inscripción en el padrón exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia) a los inmigrantes que quieren empadronarse con la finalidad de realizar el empadronamiento de extranjeros con las mayores garantías de legalidad y seguridad jurídica'. Al respecto, el ministro recordó que 'no se puede negar el empadronamiento', ya que se trata de una herramienta para saber cuánta gente vive en cada municipio, 'independientemente de su situación'. El hecho de estar empadronados permite a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad.

En una nueva vuelta de tuerca a esta estrategia de hacer de la política migratoria una de las piedras angulares del discurso del partido, Fernández Díaz acusó a 'importantes sectores de la población inmigrada' de abusar de la sanidad pública, según informó la Ser. 'Es cada vez más frecuente dijo que conviertan en un verdadero abuso el acceso y derecho al uso de la sanidad'.

A su juicio, 'son cuestiones que habrá que regular de la misma manera que para nosotros, los nacionales, se nos ha limitado el acceso a una serie de prestaciones sanitarias'.

José Blanco insiste en que la legislación sobre el padrón es de Rajoy

Corbacho retó al partido presidido por Mariano Rajoy a llevar un proyecto de ley al Congreso en el que aclaren 'qué leyes quieren modificar' en materia de extranjería.

La norma que establece la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todos sus habitantes independientemente de su situación jurídica data de 1997. Concretamente, de la época en la que el líder del PP, Mariano Rajoy, ocupaba el Ministerio de Administraciones Públicas.

Otro ministro, el de Fomento, José Blanco, salió ayer a evaluar los planes del PP. Tras participar en el acto de inicio de las obras de ampliación de la terminal de Peinador, en Vigo, tildó de 'pamplinas' las propuestas de Sánchez-Camacho. Y recordó que la ley actual 'deriva de una resolución de Rajoy', por lo que consideró que 'al PP le vendría muy bien abandonar el oportunismo y lo políticamente incorrecto'.

La reacción del PP llegó a través de Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local. Sin entrar en el fondo de la polémica, el dirigente conservador respaldó la actitud de Sánchez-Camacho al entender que defiende 'con todas las consecuencias que se apoye la inmigración legal', informa Efe.

Según dijo Arenas, su formación es partidaria de que 'se termine con la demagogia del pasado de papeles para todos'. Y consideró que los responsables de esa 'demagogia', en alusión a los socialistas, 'son los que tienen que responder ahora'.

Tras insistir en que su partido defiende la inmigración legal, la que tiene que compartir con los españoles 'los valores constitucionales', lamentó que en estos momentos 'muchos [inmigrantes] se están yendo' y 'muchos de aquí no tienen empleo'.

Mientras, la consellera catalana de Acció Social, Carme Capdevila, advirtió al Partido Popular de Catalunya de que su propuesta de ceder los datos del padrón a la policía vulnera la Ley de Protección de Datos. Y la portavoz de inmigración del PSOE, Esperança Esteve, recordó a Sánchez-Camacho que la policía ya accede al padrón si investiga delitos.