Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.

En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.

En el escrito se señala que 'los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid', al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Pero los magistrados de Madrid señalan que la 'relevancia penal' de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación 'tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia', que deberán decidir 'si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva'.

'Los hechos jamás podrían atribuirse a los órganos judiciales de Madrid'

En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada 'causa de los trajes' que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV 'por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía', así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los 'hechos de los que se conoce en la causa valenciana'.

Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar 'la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes'. Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.

El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.

Pedreira se inhibió para evitar la prescripción de los delitos electorales

El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el 'caso Gürtel'.

Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 

Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante 'pagos' que no fueron 'reflejados en las cuentas'. Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.