Juan Antonio Roca intentó este lunes tumbar todo el edificio del 'caso Malaya'. El juicio, el mayor contra una trama corrupta celebrado nunca en España, comenzó este lunes a las 10.40 horas en la Audiencia Provincial de Málaga, en la llamada Ciudad de la Justicia. La abogada de Roca, Rocío Amigo, atacó directamente a la yugular de la acusación: las escuchas telefónicas y el registro al bufete de abogados Maras Asesores. La Audiencia de Málaga ya avaló en diciembre del año pasado toda la investigación al desestimar los recursos contra la instrucción presentados por 62 imputados.

Sobre los pinchazos y el registro de Maras Asesores se sostiene no sólo buena parte de la acusación contra Roca, que se enfrenta a 30 años de cárcel y más de 800 millones de multa como supuesto cabecilla de la trama, sino también del grueso de los 95 imputados en una causa que abarca el blanqueo de capitales, la malversación de fondos, el cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias, entre otros delitos.

Amigo pidió la nulidad de los pinchazos telefónicos por 'falta de motivación, proporcionalidad, excepcionalidad y arbitrariedad'. A su juicio, los sucesivos pinchazos a los teléfonos de Roca y de otros imputados ordenados por el juez Miguel Ángel Torres a solicitud de la policía desde el 12 de diciembre de 2005 se hicieron sin la debida justificación, sólo para comprobar la certeza de lo declarado por el funcionario municipal Jorge González, que destapó toda la trama. Se trató pues, según Amigo, de una 'investigación prosprectiva', prohibida en el ordenamiento jurídico español.

Amigo fue muy dura con el juez Torres, cuya instrucción calificó de 'nefasta'. Lo acusó de haber 'violado' el derecho fundamental de su cliente al secreto de las comunicaciones. Y acusó incluso a la policía de 'mentir' al juez, y al juez de dejarse engañar conscientemente, para mantener y ampliar la red de teléfonos pinchados que permitió armar la acusación y dirigir a los puntos neurálgicos de la trama las pesquisas de la policía. 'Todas las pruebas están contaminadas', dijo Amigo.

En primera fila, Juan Antonio Roca, el único de los imputados que está en prisión, escuchaba con atención y tomaba notas, mientras dos agentes de policía lo custodiaban. Roca fue el único acusado que no pasó por delante de la prensa ni se puso a tiro de los gráficos. Al encontrarse en prisión, fue llevado directamente en un furgón policial que entró por el aparcamiento subterráneo.

Amigo y Yolanda Terciado, codefensora de Roca, fueron después a desacreditar los registros del bufete Maras Asesores, donde se obtuvieron numerosas pruebas que permitieron a la policía completar el organigrama de la trama. El argumento empleado es que Juan Antonio Roca no estaba presente durante el primer registro.

Antes de todo ello, Amigo había solicitado la suspensión del juicio con el argumento de que las cuestiones que aborda ya son objeto de atención de otros procedimientos contra Roca. El presidente de la sala, José Godino, desestimó la petición sin miramientos.

El tribunal resolverá previsiblemente estas cuestiones previas en la sentencia. La defensa de Roca no fue la única que formuló cuestiones previas. La prsentación de las mismas, de hecho, durará alrededor de un mes (12 sesiones del juicio). Horacio Oliva, que ejerce la representación de los letrados del bufete Sánchez Zubizarreta, que supuestamente creó la maraña societaria que servía a Roca para ocultarse, también denunció 'irregularidades' masivas en la instrucción, en la misma línea que Amigo.

Oliva se centró en la forma en que se realizaron las detenciones. Y también en las escuchas. Ahí encontró un ejemplo perfecto de lo que le gustaría que ocurriera en el 'caso Gürtel'. 'El auto de nulidad de las escuchas del 'caso Gürtel' es magnífico para el caso que aquí nos interesa', dijo, antes de denunciar que el juez aplicó a los imputados 'el derecho penal del enemigo', como si los procesados fueran 'terroristas'.