Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, líder indiscutido del PP en esa provincia y 'ciudadano ejemplar', según Mariano Rajoy, dijo ayer a los periodistas que no tiene 'nada que ocultar'. Minutos después, el mismo Fabra se sometía a un interrogatorio judicial en el que no explicó de dónde salieron los 3,7 millones de euros en que, según el Banco de España, se vio incrementado de manera injustificada su patrimonio y el de su ahora ex esposa entre 1999 y 2004. A Fabra se le imputan los delitos de soborno, tráfico de influencias y fraude a Hacienda. Anticorrupción pide 15 años de cárcel, una multa de 2,3 millones de euros y la devolución de los 886.473 euros supuestamente defraudados a lo largo del quinquenio.

El fiscal Anticorrupción que participa en el caso, Luis Pastor, aseguró ayer que la declaración de Fabra no introduce ningún elemento que le induzca a rebajar la pena solicitada, informa Efe. Para el ministerio público, el escenario ideal es que el juicio a Fabra se celebre antes de primavera.

El líder provincial del PP sostiene que no tiene «nada que ocultar»

En su tercera comparecencia judicial por el caso que comenzó hace seis años y en el que se le imputan soborno, tráfico de influencias y delito fiscal, el dirigente conservador fue interrogado durante casi hora y media por el juez de Nules (Castellón) Jacobo Pin.

Fabra dio pistas sobre su estrategia: sostuvo que la inspección a que Hacienda sometió sus cuentas de 1999, aquella que derivó en la denuncia por fraude fiscal, fue 'un poco rara'. Según fuentes jurídicas, el imputado dijo de forma expresa que le parecía extraño que las indagaciones se hubieran dirigido desde la Unidad Regional de Inspección (URI) y no desde Castellón. Desde las guerras carlistas del siglo XIX, los Fabra han dominado políticamente en Castellón.

Explica al juez que el aumento de su patrimonio se debe a

Como en julio, cuando después de casi seis años de silencio judicial Fabra pidió declarar ante el instructor del caso, envió un informe para contradecir el del Banco de España y demoró así la apertura de juicio, también ahora intenta ganar tiempo: sus abogados presentaron el miércoles a última hora otros cinco informes cuyo fin es refutar la idea de que, entre 1999 y 2004, su cliente defraudó casi un millón de euros. El juez tiene dos opciones: dilatar más la instrucción para estudiar esos informes o, como es previsible, dictar la apertura de juicio y comunicar a Fabra que puede aportar esos informes en la vista oral.

El tiempo corre a favor de Fabra, que ayer fue recibido y aclamado en la puerta del juzgado por un ramillete de cargos del PP castellonense. Y corre a su favor porque cuanto más dure el caso, mayores serán las posibilidades de que triunfe en la tesis de que el delito fiscal ha prescrito.

En teoría, el plazo de prescripción (cinco años) quedó interrumpido con la apertura de diligencias, datada en 2004 y originada por la denuncia de un antiguo socio de la familia Fabra. Ese socio, propietario de la empresa Naranjax, le acusó de cobrarle a cambio de hacer gestiones ilegales ante distintos miembros del Gobierno de José María Aznar para lograr el permiso de comercialización de unos productos fitosanitarios. Esas gestiones, justamente las que explican la imputación por tráfico de influencias, están acreditadas. Pero no está imputado ninguno de los antiguos altos cargos que se reunieron con Fabra para acelerar los trámites de Naranjax.

En ese momento, sus ingresos eran de 90.000 euros al año

En aquellos contactos con Fabra participaron los ex ministros Jesús Posada y Celia Villalobos, Ricardo Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, y el jefe de Gabinete de Aznar, Alfredo Timmermans. La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, ha pedido con insistencia que se investigue a fondo el presunto tráfico de influencias y el presunto soborno: de dónde y por qué llegó el dinero a Fabra y a dónde fue.

Quienes conocen lo que Fabra le dijo al juez de Nules Jacobo Pin dicen que su comodín fue ayer la palabra 'transacciones'. Su patrimonio creció de manera espectacular, vino a decir, porque hacía transacciones. Su sueldo, precisó Fabra hablando en pesetas, era de 15 millones al año en 1999. De esos 90.000 euros, 60.000 procedían de la Diputación y otros 30.000 de su labor como agente de seguros.

El Banco de España no se cree las explicaciones sobre su enriquecimiento

Según el informe de los peritos del Banco de España, el matrimonio Fabra obtuvo 22 préstamos entre 1999 y 2004. El importe global, 2,8 millones de euros. El juez le preguntó por tal abundancia crediticia. Y el acta provisional refleja así la respuesta de Fabra: 'El alto nivel de préstamos se debe a las variaciones patrimoniales cuando adquieren una casa, un apartamento y también venden inmuebles'. Los peritos del Banco de España, elegidos por el juez mediante insaculación (al azar), no se lo creen. Y ofrecen un dato revelador: 'De 1999 a 2002 dice el informe el saldo total de las cuentas [bancarias] del matrimonio fue negativo todos los días del año'. El matrimonio poseía 34 cuentas.

Fabra trabajaba mucho en metálico. Y así lo reconoció ayer. 'Tenía se lee en el acta provisional mucho dinero en efectivo'. Para hacer sus ingresos en metálico, mandaba a menudo al chófer. Cuentan fuentes del caso que, según Fabra, el chófer era olvidadizo. Porque esas fuentes aseguran que Fabra relató ayer esto: que un día el chófer se equivocó de banco. A Fabra lo llamaron de la entidad que reclamaba el pago, este llamó al chófer, se enteró de que había ingresado el dinero en otra entidad y tomó cartas en el asunto: no pidió al banco erróneo que cursara una transferencia sino que ingresó de nuevo la misma cantidad en el banco que le reclamaba la deuda.