El Ministerio de Sanidad y Política Social ha elaborado un protocolo básico, suscrito por las comunidades autónomas, que fija cómo actuar en centros o residencias para menores con trastornos de conducta. El protocolo, que no es vinculante, establece que en respuesta a una situación 'de crisis' con uno de estos jóvenes, se pueden adoptar medidas de aislamiento y contención física, pero siempre de forma 'excepcional' y notificándolo a la fiscalía.

Los abusos en estos centros de menores han sido denunciados tanto por el Defensor del Pueblo como por Amnistía Internacional. Esta organización hizo público ayer un informe denunciando que desde que surgieron las denuncias, a lo largo de 2009, no ha habido ningún avance significativo.

Las denuncias de abusos de Amnistía Internacional siguen vigentes

El protocolo de Sanidad, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la primera medida de control es la inmovilización del menor. Si después de la restricción física, el menor 'no depusiera en su actitud de tipo agresivo', el protocolo marca que 'se procederá a contenerle físicamente', una inmovilización en la que deberá participar 'más de un educador'.

El acuerdo precisa que esta respuesta 'sólo podrá utilizarse como medida excepcional' y 'sin que pueda recurrirse a la ayuda de objeto alguno para tal fin, no pudiendo, en ningún caso, administrar fármacos con tal objetivo'. Además, el centro tendrá que informar de lo ocurrido a la sección de menores de la fiscalía.

Respecto al aislamiento, 'sólo podrá utilizarse como medida de carácter absolutamente excepcional'. El centro deberá disponer de un 'espacio especialmente diseñado a tal fin', que será totalmente visible desde el exterior, y su director deberá realizar un informe para remitirlo a la fiscalía, que reflejará el medio utilizado para el aislamiento, el motivo y la duración, así como las estrategias que después van a ponerse en marcha. También tendrá que informar a la familia del menor sobre lo sucedido.

El protocolo se refiere también a la administración de medicamentos a los menores para especificar que deberá ser 'en todo caso' un médico autorizado quien los prescriba y haga un seguimiento .

El director general de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, tachó ayer el protocolo de 'insuficiente', al no ser de obligado cumplimiento. 'La situación es tan grave que necesita de una ley, no un protocolo, que es un reconocimiento de que algo está pasando, pero nada más', concluyó.