Rafael Fernández García, alias El Rafita, uno de los jóvenes juzgados y condenados por el asesinato de la joven Sandra Palo, se ha mudado. A la fuerza ahorcan:  su familia llevaba siete años, desde 2003, sin pagar el alquiler al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el organismo público propietario del piso donde vivía. La familia Fernández realizó ayer martes por la tarde la mudanza de su vivienda en Alcorcón para no toparse con la comisión judicial que formalizó este miércoles por la mañana su desahucio.

Concretamente, y según fuentes cercanas al caso, la arrendataria del inmueble, Manuela Fernández, madre de 'el Rafita', debía al IVIMA, propietario de la casa, todas las mensualidades (74 euros por cuota mensual actual) desde 2003. En total, 1.700 euros. Además, no podía alegar carencia de ingresos, puesto que la arrendataria cobra al menos la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad, dotada actualmente con 532 euros.

Poco antes de las 12 horas de este miércoles, una comisión judicial, acompañada de un cerrajero, llegó a esta vivienda para hacer efectivo el desahucio. Tras no encontrarse con nadie dentro, procedió a cambiar las cerraduras. Para ello no ha sido necesaria la actuación de varias unidades de Policía Nacional y Municipal, que han llegado al lugar en previsión de posibles altercados que finalmente no se han producido.

Acompañados también por trabajadores de una empresa de mudanzas, han accedido al interior del inmueble y han procedido a evaluar los daños en la vivienda, sacando de ella además los escasos objetos personales que la familia ha dejado en el interior, concretamente dos somieres, cuatro colchones y varias piezas de coche.

Es lo único que han dejado en la casa, además de una evidente suciedad, la familia del asesino de Sandra Palo. De hecho, la caldera había sido arrancada de cuajo, no quedaba ni una sola bombilla en la vivienda y tanto el cristal de la puerta del portal como la ventana exterior estaban rotos, así como el telefonillo del portal, totalmente destrozados. Además, en el rellano del primero B, donde vivían los desahuciados, lucía la pintada 'Chivatos no'.

Tras la formalización efectiva del desahucio, el IVIMA reparará los daños en la vivienda y la habilitará para que puede ser ocupada por una familia necesitada. Además, según la legislación vigente, los García Fernández ya no podrán ser perceptores de otra vivienda social tras incumplir las condiciones de pago de ésta, según han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad.

La familia de 'el Rafita' poseía este vivienda protegida en régimen de alquiler desde 1999, tras el desmantelamiento por parte del Instituto de Realojo e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) del poblado chabolista de Las Mimbreras, donde vivían hasta entonces.

En principio les concedieron una vivienda social en Leganés, pero tuvieron que ser trasladados a la de Alcorcón tras las continuas quejas de los vecinos. El clan de 'el Rafita' había iniciado entonces sus primeros robos de bolsos y hurtos en el interior de vehículos y comercios

Los vecinos de la zona cercana al número 21 de la avenida de Villaviciosa donde residía hasta hoy la familia de El Rafita se han mostrados reacios a hablar con la prensa. Uno de estos vecinos, de origen musulmán, contó que tanto El Rafita como su familia son gente 'muy maja' y que 'nunca he tenido problemas con ellos'.

Sin embargo, una vecina de la zona de viviendas unifamiliares cercana ha confesado sentirse 'aliviada' al conocer el desahucio de la familia. 'Me alegro de que se vayan', ha declarado.

La familia García Fernández podría haberse mudado a otra residencia que tiene en la Cañada Real Galiana. 'El Rafita tiene dos residencias y viene por aquí de vez en cuando a hacer esas cosas que todos conocemos y que son tan agradables', ironizó ayer el primer teniente de alcalde del Consistorio de Alcorcón, Marcelino García.

No se descarta tampoco que estén pensando en 'okupar' una nueva vivienda, puesto que la Policía Local de Alcorcón abrió el febrero de 2009 a El Rafita un expediente por usurpación de una vivienda en un edificio de la localidad, ya que el joven derribó la puerta y pretendía quedarse allí a vivir.

A pesar del desahucio, Rafael García Fernández deberá acudir a Alcorcón, concretamente a sus Juzgados, todos los días 1 y 15 de cada mes —hoy debería haber comparecido—, una de las condiciones que le impuso la juez que le dejó en libertad provisional tras tomarle declaración por el intento de robo de una furgoneta de embutidos en las calles de la misma localidad a finales de agosto.