Alegría y expectación son los sentimientos que embargan a muchas de las víctimas de la represión franquista en estos momentos. La decisión de la justicia argentina de investigar estos crímenes, reconocidos como de 'lesa humanidad', ha dado un giro al proceso que empezó con la determinación de la Audiencia Nacional de declarar al juez Garzón  'no competente' para investigar los delitos de la dictadura. 

En el camino de esperanza que se abre hoy para las familias y Asociaciones de víctimas hay un ambiente de expectación sobre las decisiones que llegue a adoptar la justicia argentina.

'Ya se han dado medidas para reparar a los afectados, como una ley de Memoria Histórica insuficiente o la declaración parlamentaria de 2002 (sobre la condena del franquismo) que no sirvió para nada, asíque somos precavidos', ha declarado Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

'España está obligada a adoptar las decisiones de la justicia argentina en base al Derecho Internacional' 

Desde que el pasado 14 de abril , Macías junto con el equipo de abogados argentinos y las asociaciones de derechos humanos de ese país, presentaran la querella que solicitaba la investigación del franquismo, se han sucedido las reacciones al respecto. 'José Bono llegó a decir que 'locos los ha habido en todas partes'', rememora Macías.

En ese sentido, recuerda cómo en aquellos momentos, los defensores de la decisión de la jueza argentina de archivar el caso apelaban al 'respeto por la justicia'. 'Ahora nosotros les decimos a los que se oponen a investigar los crímenes de la dictadura que 'respeten las decisiones de la justicia internacional'. 

Por su parte, Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha explicado a Público.es que el Gobierno español tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en todos los requerimientos que ésta le solicite. De no hacerlo, 'el Estado español estaría incumpliendo con las responsabilidades que adoptó al suscribir los tratados en Cooperación Judicial', aclara.

En esa línea, Escudero recuerda que en base al principio de Justicia Universal, las autoridades españolas están obligadas a 'adoptar' las decisiones que tomen los tribunales argentinos, y aunque no existan medidas coercitivas que fuercen la voluntad del Gobierno español a asumir sus compromisos internacionales, éste podría incurrir en un grave ejercicio de 'iresponsabilidad', si elude sus tareas. 

'Tan sólo se aplica la ley, pero no hay  investigaciones de los delitos'

'El Estado español no reconoce los delitos de 'lesa humanidad' que provocó el franquismo' declara Escudero, por ello, 'es importante destacar cómo la justicia argentina le está recordando a la española la negación de esa situación y por ello, la falta de una investigación' que lleve a hacer justicia a las víctimas.

'Siempre hemos comunicado la aparición de restos en las exhumaciones de fosas de la dictadura, pero tan sólo en tres ocasiones se han interesado los jueces', aclara Macías interrogado sobre la motivación de la jueza argentina que no admitió la querella aludiendo a que en España ya había en marcha una investigación. 'No se hace ninguna investigación, han sido casos concretos y tan sólo en el juzgado de Benavente (Zamora), hubo intervención judicial'.

La forma de proceder, según Macías, es la de 'aplicar la ley de 'Memoria Histórica', pero en ningún caso se puede hablar de 'investigaciones oficiales'. 

Por su parte, voluntarios de las asociaciones de memoria que colaboran activamente en los trabajos de exhumaciones de fosas del franquismo, tienen claro que esto es una 'pequeña gran batalla', pero que 'hay que seguir luchando para que el Estado asuma sus obligaciones con las víctimas'.

En esa línea se ha expresado Carolina Aragüetes, arqueóloga que ha trabajado en varias fosas desde hace 3 años y que coordina, en la ARMH, labores de investigación de desaparecidos. 'Es una cuestión de estado que el Gobierno se encargue de las víctimas', ha añadido para terminar lamentando 'que sea la justicia extranjera' la que resuelva 'lo que deberían haber asumido hace tiempo las autoridades españolas'.