El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha emitido un auto en el que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas con motivo de una denuncia del empresario Francisco Hernando, El Pocero, contra el coordinador general de IU, Cayo Lara; el alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes; y el secretario Federal de Organización de IU, Manuel Cámara Fernández, por un presunto delito de denuncia falsa.

Según el auto, el tribunal ha considerado que los hechos ocurridos 'no son constitutivos de un ilícito penal alguno'. Contra el auto cabe la presentación de recurso de reforma y subsidiario de apelación en los tres días siguientes a su notificación o de apelación en cinco días.

En la denuncia del constructor Francisco Hernando, presentada el 29 de julio de 2008, se alegaba que los responsables de IU habían dado a conocer su intención de denunciar, el 14 de julio de 2006 a través de los medios de comunicación, las actuaciones de El Pocero en la tramitación del Plan de Ordenación Urbana (PAU) de El Quiñón, promoción llevada a cabo por Onde 2000; denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.

Según el denunciante, los responsable de IU habían hecho una calificación de los hechos ocurridos 'apriorísticamente', asegurando la posible existencia de delitos de prevaricación, de exacción ilegal, de cohecho, delito de malversación de caudales públicos, y de tráfico de influencias con la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha.

El Pocero basaba su denuncia en la necesidad de 'poner de manifiesto la falsedad de las imputaciones que se hacían' desde los dirigentes de IU, y alegaba que no llegó a ser citado a declarar en las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, y que tampoco le fue requerida la aportación de datos o documento alguno.

El Pocero basaba su denuncia en la necesidad de 'poner de manifiesto la falsedad de las imputaciones'

El Tribunal, en el auto, argumenta que la denuncia presentada por los representantes de IU ante la Fiscalía Especial dio lugar a una investigación sobre el procedimiento urbanístico de El Quiñón, 'por lo que los hechos que relataban no eran inventados, como tampoco eran inventados los intervinientes en tal procedimiento', de tal forma que la investigación concluyó en una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Illescas (Toledo).

Respecto al hecho de que el constructor no fuera citado por la Fiscalía Especial, el auto detalla que aunque no se citó al empresario sí a la mercantil representada por él, Onde 2000.