¿Cuál es el papel de España?

El Gobierno ha defendido la política de 'acompañar el proceso de apertura de la isla'. Sobre ese sedimento actuó la Iglesia cubana y el cardenal Jaime Ortega, el que ha cerrado la negociación y llama a los reclusos y a sus familias. España compra los billetes y les facilita su acogida en el país. Exteriores califica la liberación de un 'epifenómeno de un fenómeno más grande', pues se 'rompe el maniqueísmo', la dialéctica de presos contra el castrismo y se abre un espacio de diálogo 'entre cubanos'. 'Raúl manda, no Fidel, y está dispuesto a hacer reformas, a procurar la evolución de la Revolución', juzgan en el ministerio.

El Ejecutivo, unilateralmente -sin que Cuba objetara-, ha ofrecido a los presos el estatus de protección subsidiaria, muy similar al de refugiado. La diferencia es que con él podrían volver a Cuba si lo desearan, con autorización de su país. Si fueran refugiados, no podrían hacerlo, explican en CEAR. Exteriores insiste en que la protección subsidiaria -recogida en la Ley de Asilo de 2009- les permite 'expresar sus opiniones políticas', un derecho que limita para los refugiados la Convención de Ginebra de 1951. El estatus garantiza un permiso de trabajo y residencia, título de viaje, Seguridad Social y asistencia letrada, confirma el Ministerio del Interior.

Los presos son recibidos por las ONG en Madrid, y luego derivados a un centro de acogida, para facilitar su integración en los primeros meses. Cuando ya son autónomos, a través de Trabajo se les conceden ayudas de manutención (entre 167,5 euros al mes para una persona y 382,5 euros para una familia numerosa) durante 24 meses de tope, y para alquilar un piso (hasta 746,89 euros al mes) durante un máximo de cinco meses. Se les facilita buscar empleo o tramitar papeles.