El presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, utilizó su puesto al frente de la Diputación provincial para entregar información reservada y maniobrar en favor de dos empresarios que, como él, están imputados en el caso Brugal. Los investigadores han puesto a disposición del juez los hechos que apuntan al político conservador como el cooperador necesario en el pelotazo que los dos empresarios dieron con el cambio de ubicación injustificado de un vertedero.

La primera consecuencia judicial para Ripoll es su imputación por cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios. Si el juez lo imputa por cohecho es porque cree que Ripoll recibió algo a cambio de favorecer a los dos empresarios.

El político del PP intentó hacer creer a los vecinos que saldrían ganando

El caso Brugal nace y gira entorno a un hombre, Ángel Fenoll, el rey de las basuras de Orihuela, detenido por segunda vez este martes en el marco de la citada investigación, y que tendrá que reunir 300.000 euros para evitar la cárcel. La fianza es la más alta impuesta hasta el momento por el juez Carlos Santa María, quien dictó el jueves prisión eludible con el pago de 100.000 euros a Rafael Gregori, también empresario, y que ayer acordó esa misma medida para el hijo de Fenoll, Antonio Ángel, que también suma ya dos arrestos dentro del caso Brugal.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desarrollan desde 2007 una investigación judicializada de las actividades presuntamente delictivas de Fenoll, casi siempre con el negocio de las basuras de por medio. Pero fue en el último tramo de sus pesquisas cuando una conversación intervenida a otro de los implicados reveló la implicación del poderoso presidente de la Diputación y del PP de Alicante.

El 3 de enero de 2008, la Diputación, con el apoyo del PSOE, acordó conceder a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz la gestión de los residuos de los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja durante los siguientes 20 años. Enrique Ortiz, conocido empresario alicantino, presidente del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules CF, obtenía un éxito profesional rotundo: su UTE con Cespa obtendría 360 millones de euros en dos décadas, a razón de 18 millones anuales.

Además de la gestión de las basuras de los vecinos y los residuos de origen industrial, el Plan Zonal XVII preveía igualmente que la adjudicataria invirtiese 99 millones de euros en la construcción de un vertedero en Torremendo, una pedanía de Orihuela. Para alcanzar la adjudicación, Ortiz se impuso a Fenoll, que también concurría en régimen de UTE y que, a diferencia del vencedor sí incluía en su plica un terreno en esa ubicación.

Por aquel entonces, Ripoll y su vicepresidenta segunda en la Diputación, Mónica Lorente, también alcaldesa de Orihuela, ignoraban la oposición de los vecinos a que su pedanía acogiera el vertedero. Sin embargo, al verano siguiente, el consorcio que había creado la Diputación para gestionar la adjudicación y gestión del Plan Zonal XVII decidió, sorpresivamente, cambiar la ubicación de la planta residual para salvaguardar los intereses de los habitantes de la zona. O eso alegó, porque los nuevos planes también ubicaban el vertedero en Torremendo, sólo que a tres kilómetros de su primera demarcación y además en una zona forestal que, con aval de una comisión técnica, dejó de ser protegida.

Los empresarios acordaron venderse mutuamente el terreno elegido

La finca La Pistola se convertía así en la ubicación definitiva del futuro vertedero, en principio un problema para Enrique Ortiz que no era el dueño de la misma. La UTE, sin embargo, no tuvo ningún problema en comprar 600.000 hectáreas de terreno, la mitad de la finca, curiosamente Ángel Fenoll. El rey de las basuras había adquirido la mitad de la finca, 600.000 metros cuadrados, a pesar de ser zona forestal protegida, dos meses antes de las municipales que dieron la victoria en Orihuela a Mónica Lorente, indemne de la última fase de la operación Brugal y llamada a sustituir a Ripoll en la Diputación desde que este criticara duramente a Camps por su presunta vinculación a la trama Gürtel.

Sobre la otra mitad de la finca mantenía una opción de compra Enrique Ortiz. De esta forma, ganara quien ganara la adjudicación de las basuras de la Vega Baja, un pequeño cambio de ubicación obligaría a que comprase al otro el terreno por un importe muy superior al que fue adquirido. Los investigadores no albergan dudas de que la operación para ubicar el vertedero en la finca La Pistola parte de un acuerdo previo a tres bandas entre los dos empresarios y José Joaquín Ripoll. De ahí la compra previa de los terrenos.

La investigación se acumula en los 80 tomos de las diligencias 851/07, bajo secreto desde su apertura hace tres años. Han sido instruidas por tres jueces, el último Carlos San Martín, que se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela en febrero pasado. La investigación del caso Brugal (acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante) continúa en marcha y, según fuentes del caso, trasciende el Plan de Residuos de la Vega Baja para alcanzar otras actuaciones irregulares de la provincia y a otros cargos públicos. La semana anterior a la operación, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, seguía recabando testimonios y declaración de tramas de corrupción paralelas.