'En tiempos del PP, estas cosas no ocurrían'. La frase pronunciada el jueves por el líder del PP, Mariano Rajoy, no puede ser rebatida. Se refería el ex ministro del Interior estuvo entre febrero de 2001 y enero de 2002 a que cuando él o alguno de sus compañeros de partido ocupaban ese cargo no se montaban operaciones policiales para detener a políticos del PSOE, ni del PP, ni del Partido Independiente de Lanzarote. Sencillamente no hubo operaciones policiales contra tramas de corrupción, ni detenidos en los once meses que Rajoy ocupó despacho en el número 5 del Paseo de La Castellana, según los datos que obran en poder del Ministerio del Interior.

El PP suele poner nombres a los responsables de las actuales 'cacerías' políticas. Además del ministro Rubalcaba y sus colaboradores, afloran en la boca de los dirigentes conservadores siglas como la UDEF o estructuras como la Policía Judicial, aunque la ex subsecretaria de Interior María Dolores de Cospedal la confunda a veces con la de Información, encargada de combatir el terrorismo.

La trama Gürtel' comenzó a trabajar con el Partido Popular en 1996

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no existía en tiempos del PP, fue creada en el seno de la Comisaría General de Policía Judicial en abril de 2006, justo antes de que Rubalcaba aterrizara en Interior. Se trataba de potenciar en medios humanos y materiales la lucha contra los delitos económicos, incluida la corrupción. La experiencia de los agentes les había llevado a concluir que por muchas armas y drogas que se incautaran, por muchos que fueran los soldados detenidos, si no se atacaba la estructura financiera y societaria para blanquear el dinero, no se llegaba nunca a los generales. Y sí, en su diseño e impulso tuvo un papel fundamental el comisario Juan Antonio González, otro blanco preferido del PP, policía experimentado que viajó a Tailandia por Roldán y se dejó caer por una cacería con Bermejo y Garzón.

En el PP no entran directamente en la gestión de Rajoy al frente de Interior. Pero recuerdan que la llegada de José María Aznar al Gobierno supuso un punto de inflexión en la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos. En este sentido, aseguran que ésta, una de las principales preocupaciones para los españoles en la última etapa de Felipe González dejó de serlo con la llegada del PP a la Moncloa. Se da la circunstancia de que la trama Gürtel comenzó a trabajar para el PP en 1996.

La UDEF fue creada en 2006 para combatir los delitos económicos

Mientras, desde las filas conservadoras continuó ayer la cascada de declaraciones encaminadas a poner la relevancia de este nuevo caso de corrupción en la forma en la que Ripoll fue detenido, culpando a la Policía, más allá que en los delitos que se le atribuyen.

En una entrevista concedida a la Cope, la secretaria general del PP denunció que la detención del presidente de la Diputación de Alicante 'no cuenta con todas las garantías legales' dado que no existía 'un auto' que ordenase su arresto. De Cospedal insistió en que 'en un Estado de Derecho las garantías legales hay que cumplirlas' porque están en juego 'los derechos de las personas'.

No obstante, preguntada sobre si pondría la mano en el fuego por Ripoll, la número dos del PP no quiso ir demasiado lejos. 'Yo pongo la mano en el fuego por mi familia, por mí misma y también por la presunción de inocencia', dijo. 'Hay un sumario secreto y vamos a ver qué ocurre', completó. Es precisamente a esto a lo que se agarra la dirección nacional del PP a la hora de explicar por qué no toma medidas contra Ripoll. 'Se tomará la decisión que se tenga que tomar según avancen las investigaciones judiciales', explicaban ayer en el partido mientras crecen las voces que desde dentro de las filas conservadoras exigen que Rajoy ponga orden en el partido presidido por Francisco Camps.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, calificó la operación de Alicante de 'espectáculo sobredimensionado', 'esperpento' y 'gran teatro'. En resumen: 'Un gran atentado y una gran quiebra del Estado de derecho'.