La Generalitat valenciana informará a las mujeres que acudan a los centros sanitarios con intención de interrumpir su embarazo no sólo de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de su decisión sino también de la 'trascendencia ética' de esta acción.

Para ello, se incorporará a la documentación escrita imágenes sobre el proceso de interrupción voluntaria del embarazo y del de formación de la vida por medio de 'cualquier formato gráfico' como ecografías en 3D.

Lo cierto es que la ley ya prevé varias medidas para informar a las afectadas. Además de recoger la obligatoriedad de una estrategia de salud sexual y la formación sexual y reproductiva -que deben desarrollar las autonomías que son quien tienen las competencias en materia de educación- obliga a un periodo de reflexión.

Para que una mujer pueda abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación que establece la ley, deberán haber transcurrido al menos tres días desde que solicitó la intervención. La norma obliga a las clínicas que hagan abortos a dar un sobre a cada mujer con información sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. De esta forma, se establece un periodo de reflexión, como solicitaban los partidos conservadores.

Pese a ello, las comunidades gobernadas por los conservadores han tratado de boicotear la nueva ley desde el primer día. Además del recurso de inconstitucionalidad presentado, el mismo día de su aprobación el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, llamó a la insumisión .

Aunque posteriormente Valcárcel aseguro que acataría la ley, volvió a pronunciarse duramente contra ella asegurando que es 'un bodrio de una perversidad tremenda'.

La portavoz del Consell valencano, Paula Sánchez de León, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que ha tomado una serie de decisiones para evitar 'las situaciones y los problemas técnicos' que se pueden suscitar como consecuencia de la aplicación de la nueva ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Al respecto, ha acordado, en virtud del artículo 17.4 de la ley, que regula el derecho a la información con carácter previo a la prestación del consentimiento, informar no sólo de las consecuncias médicas, psicológicas y sociales de la interrupción del embarazo 'sino también de la trascendencia ética de la decisión de abortar'.

Para ello, se incorporará no sólo la información escrita de carácter médico o psicológico que prevé la ley, sino también 'información visual' tanto del proceso de interrupción del embarazo como del de formación de la vida a través de 'cualquier formato gráfico' como ecografías en 3D.

El Ejecutivo valenciano también ha decidido crear un comité de expertos que analice y redacte la normativa autonómica necesaria para la aplicación del derecho a la objeción de conciencia. Sánchez de León ha avanzado que la pretensión es que este derecho se amplíe para los empleados públicos que no sean profesionales sanitarios.

'Se constituirá un servicio específico público para dar respuesta a los conflictos'

También se constituirá un servicio específico público para 'dar respuesta' a los 'conflictos' y 'controversias' que la aplicación de la norma pueda generar, como en el caso de que una adolescente de 16 años decida abortar y sólo cuente con el consentimiento de uno de los progenitores o de ninguno y la menor invoque el derecho que prevé la ley, ha precisado Sánchez de León.

La portavoz del Consell ha lamentado que el Tribunal Constitucional, que ha admitido los recursos contra la nueva ley, 'haya perdido la oportunidad de decretar la suspensión cautelar' de la norma, que adolece de 'importantes problemas técnicos en su aplicación'.

Está por ver el contenido de esa 'información', aunque Sánchez de León ya da pistas:  'la Generalitat Valenciana 'va a trabajar por poner en marcha todo aquello que la ley permita para garantizar que las personas puedan defender el derecho a la vida frente a la protección del derecho a la no vida que garantiza' la ley del Aborto, ha remarcado.

También ha asegurado que en la reunión del pleno del Gobierno valenciano no ha habido ninguna opinión discrepante y ha apuntado que las medidas se han adoptado conjuntamente por todo el Gobierno regional.