El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, comunicó ayer al presidente del PP alicantino y de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que está imputado por cinco delitos de corrupción en las diligencias 851/07, más conocidas como operación Brugal.

El juez investiga una trama corrupta en torno a la concesión de la gestión de los residuos de Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja. Las pesquisas desarrolladas hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permiten al juez considerar que hay indicios de que Ripoll ha cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios.

San Martín dejó en libertad a Ripoll sin necesidad de pagar una fianza, pero le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado. El magistrado desestimó así el criterio del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que había solicitado prisión para el político eludible únicamente con una fianza de 500.000 euros.

Eso bastó al PP valenciano para pedir la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sin antes acusarlo de practicar una 'política persecutoria'. El propio Ripoll compareció ante los medios por la noche y, sin admitir preguntas, advirtió de que ejercerá 'acciones legales' en cuanto se levante el secreto de sumario. Ni siquiera abordó la posibilidad de dimitir.

Se quejó, eso sí, de no conocer aún los hechos que supuestamente lo implican en la trama. Según había informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en una nota, el juez evitó ese extremo por el secreto que pesa sobre el sumario y que se prolonga desde hace más de tres años.

En cualquier caso, la operación Brugal investiga dos actuaciones supuestamente irregulares. La primera está en la adjudicación de la contrata de basuras por el Ayuntamiento de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas (UTE) tras la que se oculta el empresario Ángel Fenoll, imputado desde 2007 y detenido por segunda vez el pasado martes. La segunda tiene que ver con la adjudicación por diez años, prorrogables otros diez, de la gestión de residuos de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, que supondrían una ganancia de 190 millones de euros a la alianza empresarial.

El dueño de Ortiz e Hijos, Enrique Ortiz, fue otro de los seis imputados que declaró ante el juez. También quedó en libertad sin fianza, pero se le acusa de cohecho y fraude. El fiscal había solicitado para él prisión eludible con fianza de 800.000 euros, que el juez desestimó. Sin embargo, Rafael Gregory Fernández, empresario con cargo en la sociedad Autisa, del grupo que encabeza Ortiz, tendrá que abonar una fianza de 100.000 euros para evitar la cárcel.

Dos empleados de las empresas presuntamente vinculadas a la red también quedaron en libertad, pero imputados, al igual que el empresario José Francisco León. Para hoy están citados a declarar ante el juez los tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y el empresario Ángel Fenoll y su hijo, éstos dos últimos ya detenidos en 2007. La investigación apunta al padre como el verdadero eje de la trama de corrupción entorno a las basuras.

Enrique Ortiz. El gran empresario

Imputado por cohecho y fraude. Libertad sin fianza.

Rafael Gregory. Única fianza

De 100.000 euros. Es empresario y consejero de Autisa .

José Francisco León. Trabaja para Ortiz

Se analiza su ordenador.

Ángel Luis Bracho. Técnico de Sufi

La empresa es adjudicataria de las basuras de Orihuela.

José Candel Martínez. Gerente de Inusa

Pertenece al Grupo Cívica de Ortiz.

José Joaquín Ripoll. El político de mayor nivel

Imputado por cinco delitos. También preside el PP de Alicante.