El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad sobre las 20 horas de este martes tras prestar declaración durante la tarde en la Comisaría Provincial, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, según ha confirmado el abogado defensor de Ripoll, Fernando Candela.

Los agentes acudieron a primera hora de este martes al domicilio particular de Ripoll ubicado en la zona de Vistahermosa en Alicante y procedieron a registrar la vivienda. A continuación, alrededor del mediodía le acompañaron al palacio provincial y procedieron a examinar el despacho del presidente de la institución.

Así, a media mañana el edificio se encontraba fuertemente custodiado por miembros de la Policía Nacional, que fueron retirando abundante documentación que ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante.

Tras la detención de Ripoll, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se limitó a pedir 'prudencia y responsabilidad', un mensaje similar al de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien admitió que 'es un momento preocupante' y pidió para Ripoll la 'presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario'. Sus abogados no han precisado si la libertad es 'con o sin cargos' porque la investigación se halla 'bajo secreto de sumario', aunque una nota difundida por la Diputación de Alicante informa de que es 'sin cargos' y sin que se hayan adoptado 'medidas cautelares' al presidente de la institución.

Además del domicilio y la Diputación de Alicante, la Policía ha registrado este martes el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), cuya alcaldesa es la popular Mónica Lorente (también vicepresidenta segunda de la Diputación), las oficinas de la empresa Ortiz e Hijos en Alicante, y el domicilio del empresario oriolano Ángel Fenoll, cuyas empresas entre las que se cuenta la adjudicataria del servicio de residuos del Ayuntamiento de Orihuela. Tres concejales, además, han sido detenidos en el marco de la operación.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.