La nueva ley del Aborto está aprobada. En palabras de Bibiana Aído, ministra de Igualdad, 'su ejecución será un ejercicio obligatorio de solidaridad constitucional entre las Autonomías'. Pero algunos políticos y responsables sanitarios se niegan a aceptarla.

Al carro de críticas se suma el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, quien afirma que 'nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto' y que la Comunidad 'no va a obligar a nadie a hacer un aborto'.

En declaraciones a Telemadrid, Lasquetty aseguró que, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, legalmente, para los profesionales de la Sanidad, 'la situación es la misma que en 1985'.

En este sentido, para el consejero de Sanidad 'ayer fue un día triste con la entrada en vigor de la nueva ley del aborto'. Pese a lo cual aseguró que España 'es un Estado de Derecho y la ley se aplica'.

La postura de la Comunidad de Madrid es que 'hay que cumplir la ley, pero respetamos y preservamos el derecho de los profesionales de médicos y enfermeras a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia', manifestó Lasquetty.

Lasquetty: 'Legalmente, para los profesionales de la Sanidad, la situación es la misma que en 1985'

De esta forma, Lasquetty muestra su disposición a acatar la ley, que entró ayer en vigor, a diferencia de Murcia y Navarra que han decidido no aplicar la norma.

'Quien en Madrid quiera hacerse un aborto, puede hacerlo, y puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente, se hace derivando los casos a clínicas privadas', reconoció el consejero.

Lasquetty rechazó que la reforma legal equipare a España con el resto de Europa y consideró que la nueva norma provocará más abortos.

'Ésa es la manera del Gobierno del PSOE de tratar de meter con calzador esta ley, como si por hacer más fácil el aborto fuera a haber menos. Lo más probable es que haya más', indicó.

A su juicio, a los efectos de la objeción de conciencia, la situación es la misma que desde 1985, cuando entro en vigor la ley del aborto, de forma que 'en la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos, no se obliga a nadie a realizar un aborto y la realidad es que la inmensa mayoría de los profesionales se niegan a hacerlo'.