El PP insiste en la teoría de la conspiración. Desde que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desenroscó el tapón de las escuchas ilegales en agosto del año pasado, la psicosis parece haberse apoderado de los conservadores.

En el partido de Mariano Rajoy siguen defendiendo que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido espiada por la policía. A los dirigentes del PP les es indiferente que ayer se supiera que la furgoneta que supuestamente la vigilaba estuviese pendiente en realidad de un acto propalestino. Y también les dio igual que la denuncia presentada por el PP de Valencia fuera archivada por el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia. Así lo comunicó el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, explicando que se cierra el caso porque no hay 'reprochabilidad penal' en la conducta de la Policía Nacional y en concreto de la Brigada de Información.

'El PSOE quiere aniquilar al PP con la policía', dicen los conservadores

Peralta afirmó que, según el auto judicial, la actuación policial no tuvo 'relación alguna con el PP, ni con sus integrantes, ni tenía como finalidad la grabación ni escucha ilegal, ni grabación de movimientos, ni interceptación de comunicaciones y conversaciones tanto en el interior de la sede del PP como en el exterior'.

El delegado de Gobierno aseguró que no se han vulnerado derechos fundamentales y que estaba justificada la presencia de un vehículo camuflado en las proximidades de la sede del PP, donde también se encuentra el Jardín Botánico. Peralta acusó al PP de ofrecer 'argumentos peregrinos' y de llevar a cabo un 'cúmulo de disparates' para justificar la 'estrategia política' de que su partido es 'el objetivo de los aparatos del Estado', todo ello 'bajo la operación Gürtel'.

Además, pidió explicaciones de por qué el PP acompaña-ba su denuncia de informes de la Policía Local de Valencia, entre ellos un parte del día anterior a los hechos sobre una operación por venta de droga en el Cabanyal. A su juicio se ha realizado una 'manipulación partidista, sectaria e irresponsable' de la actuación de agentes de ese cuerpo.

La Delegación del Gobierno habla de 'manipulación partidista'

Pero en la dirección nacional del PP hicieron oídos sordos a las explicaciones. 'Yo estoy convencido de que la han espiado', aseguró ayer un colaborador de Rajoy. Otro, sin embargo, mostró su escepticismo y reconoció que se estaban sacando las cosas de quicio.

La dirección del PP insiste en que muchos de sus dirigentes están sometidos a una persecución orquestada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que controla la policía y la fiscalía. Además de Cospedal, Federico Trillo y Francisco Camps también se han quejado de que sus teléfonos han sido pinchados. Nunca han podido aportar ninguna prueba para demostrarlo.

El lunes pasado Cospedal salió a defender vehementemente a Barberá: 'El PP lo suscribe y la apoya al cien por cien'. Ayer, fue Soraya Sáenz de Santamaría. La portavoz en el Congreso, a pesar de conocer la resolución del caso, también quiso dar su aval a Barberá y dijo que contaba con 'el apoyo' del PP. En rueda de prensa se le preguntó si la alcaldesa valenciana debería retractarse. 'Todo el mundo tiene derecho a defenderse en sus derechos fundamentales y reclamar al Gobierno la debida actuación con arreglo a la legalidad', sostuvo.

Y Barberá no tiene ninguna intención de dar marcha atrás. De hecho, ayer se ratificó en su decisión y afirmó que esta había sido 'justificadísimamente tomada'. Además, afirmó que es 'incuestionable, innegable y probado' que el pasado jueves había una furgoneta con elementos de grabación frente a la sede de la formación regional en el momento en el que ella estaba presentando su página web. De hecho, aseguró, 'hay tres o cuatro más por la ciudad dando vueltas'.

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, anunció ayer que su partido recurrirá el archivo de la denuncia. En un comunicado, señaló que las explicaciones de Peralta 'no aclaran las sospechas del PP' sobre esas grabaciones y subrayó que considera 'intolerable' lo ocurrido.

Clemente exigió saber si los agentes 'contaban con autorización judicial para ello', ya que de no ser así Interior estaría 'vulnerando manifiestamente la ley'. Además, afirmó que el Partido Popular se siente 'espiado' y que 'no es la primera vez que el Gobierno utiliza medios oficiales para extraer información'. 'El PSOE intenta aniquilar políticamente al PP y, para ello, no tiene reparo en utilizar a la policía y los medios del Estado', sentenció. Para él, con lo sucedido, puede estar cometiéndose un 'atentado contra la democracia'.

El ‘síndrome de las escuchas' de Cospedal

La número dos del PP abrió la veda en agosto de 2009 al acusar al Gobierno sin pruebas de ordenar escuchas telefónicas ilegales a dirigentes nacionales del PP, y a personas de su partido que 'no tenían nada que ver' con las tramas corruptas. Cospedal se basó en la publicación de una conversación que ella mismo había mantenido con Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

Las presiones a un juez del ex ministro Trillo

El PP volvió a denunciar sin pruebas casos de espionaje después de que una emisora de radio informara de una grabación en la que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, estaba presionando por teléfono al juez Juan Montero, miembro del TSJ valenciano en relación al ‘caso Gurtel'. El PP aseguró que con quien hablaba Trillo era con otro Montero, el abogado del partido. 

La supuesta llamada que recibió Francisco Camps 

A finales de agosto de 2009, el propio Trillo aseguró disponer de una grabación de marzo de ese año en la que un responsable policial llamó al móvil de Camps para notificarle que Garzón se inhibía del ‘caso Gürtel' a favor del TSJ valenciano. El PP habló otra vez de espionaje. A día de hoy no hay nada que demuestre que existió esa comunicación. Sólo las denuncias del PP. 

La productora del documental que se emitió el pasado jueves en el Jardín Botánico y que fue vigilado por un vehículo policial camuflado adoptará medidas legales si las autoridades no les aclaran la razón de ese seguimiento, pues ni el contenido de la cinta ni su coloquio posterior constituían, a su juicio, delito alguno. En un comunicado, el director de ‘Mes enllà del mur' y administrador de La Taca Produccions, Josep Pitarch, asegura que 'en ningún caso' el contenido del documental o el coloquio posterior 'fueron constitutivos de delito', y las actividades que se estaban celebrando en el Botánico tampoco eran susceptibles 'de ser sometidas a vigilancia o investigación policial'. Al acto, que habían anunciado previamente con una nota de prensa y 'era abierto, público y gratuito', acudió un centenar de personas y 'discurrió con total normalidad'.