Toda gran historia tiene su planteamiento, nudo y desenlace. Y la del caso Fabra no será la excepción. Ayer, el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules señaló que los hechos presuntamente corruptos cometidos por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, son constitutivos de los delitos de soborno, tráfico de influencias y delito fiscal. Esta resolución deja al presidente de la Diputación de Castellón a un paso de ser juzgado por un jurado popular.

El pueblo contra Carlos Fabra sería el título del capítulo en el que se desarrollaría el clímax de una narración con más de 10.000 folios de sumario elaborados por nueve jueces y cuatro fiscales a lo largo de seis años y medio.

Fue denunciado por aceptar sobornos por licencias de plaguicidas

La historia, con tintes de biografía, novela negra y sainete, describe la vida de Carlos Fabra, militante del PP y presidente de la diputación desde 1995. Una existencia dedicada a situar la provincia bajo la tela de araña del caciquismo, el clientelismo y los tratos de favor. Prácticas que se volvieron en su contra en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar le denunció por dejarse sobornar a cambio de obtener licencias para plaguicidas. Según Vilar, el líder popular aprovechó sus influencias en varios ministerios del Gobierno de Aznar para conseguir permisos fitosanitarios que generaron seis millones de euros de beneficios.

La ruptura entre el dirigente y el empresario se produjo tras la separación de este último de Montserrat Vives, quien le acusó de violación. Fabra apoyó a Vives y Vilar temió por las licencias, en buena parte a nombre de su esposa. No fue el único motivo. Vilar siempre ha sospechado que entre su ex mujer y Fabra existió alguna cosa más que una buena amistad. Algo definitivo para acudir a los tribunales y cavar un fosa con capacidad para dos. Actualmente, el industrial cumple condena por violación. Fabra, de baja por un grave problema hepático, podría ser enjuiciado en breve por los delitos anteriormente descritos. En el sumario hay otras 13 personas imputadas por los delitos de soborno y tráfico de influencias.

Pero Vilar no fue el único en querellarse contra el todopoderoso líder popular. La Agencia Tributaria halló un agujero de 600.000 euros en su declaración de 1999. La investigación se extendió a ejercicios posteriores, hasta el 2004, constatando numerosas irregularidades. En su conjunto, Hacienda denuncia 980.000 euros defraudados y 5,3 millones sin justificar, atribuidos tanto a Fabra como a su esposa, María Amparo Fernández. Hechos por los que el fiscal les imputa hasta nueve delitos fiscales.

Hacienda halló un agujero de 980.000 euros en sus declaraciones

Otra situación que aparece en los informes periciales que documentan el sumario es la buena fortuna de Fabra en los juegos de azar. Hasta en cuatro ocasiones le tocó la lotería entre 2000 y 2004, lo que le supuso un beneficio de casi 250.000 euros. Pecata minuta en comparación a lo dos millones que logró con el Gordo del sorteo del Niño en el 2008.

Su fortuna mereció una campaña jocosa que éste atribuyó a Esquerra Unida y en el que aparecía ataviado de presidiario soplando unos números de la suerte. Fabra se querelló contra Marina Albiol, diputada de la formación. La denuncia fue archivada en abril.