El Gobierno estudia aplicar el copago que el paciente pague parte de las prestaciones para ayudar a financiar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo reconoció el martes pasado la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, si bien un día después remarcó que el debate está sobre la mesa desde hace 20 años y no por ello la medida se ha implantado. No obstante, en los últimos dos decenios no se ha vivido una crisis económica como la actual, y varias fuentes consultadas dan por hecho que, esta vez, el copago superará el debate teórico.

Son las autonomías, con competencias en Sanidad, quienes llevan años reclamando soluciones para hacer frente a los problemas de financiación del SNS. Muchas de ellas consideran que el paciente debería pagar parte de los servicios que recibe.

Según los expertos, el paciente debería pagar la asistencia según su renta

Catalunya es la cabeza visible de quienes reclaman extender el copago farmacéutico en la actualidad los ciudadanos, excepto los jubilados, pagan un 40% de las recetas. Su consellera de Sanitat, Marina Geli, considera injusto el copago farmacéutico por no tener en cuenta la renta del paciente. Más allá, en la conselleria abogan por 'un copago justo', pero no entran en detalles. Argumentan que el acuerdo debe adoptarse entre todas las autonomías y el ministerio.

Precisamente, mañana se reúne el Consejo Interterritorial. El debate sobre el copago no figura en el orden del día, pero dará que hablar en los pasillos y algunas autonomías no descartan que surja en el turno de ruegos y preguntas. Trinidad Jiménez subrayó el martes las principales incógnitas que suscita la medida. Público ha preguntado a cinco expertos cuál sería su modelo ideal.

Todos coinciden en señalar que a la hora de decidir quién copagaría, se tendría en cuenta la renta del paciente. Es decir, que pague más quien más recursos tenga y quien tenga ingresos mínimos no pague.

El profesor de Economía de la UNED José Antonio Martínez defiende que, en cualquier caso, el paciente debería aportar 'una cantidad muy pequeña'. Si fuera alta, explica, sería posiblemente inconstitucional, porque impediría a muchos ciudadanos acceder al sistema.

El presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud, Guillem López Casasnovas, apunta al copago 'para reducir consumos excesivos'. Se aplicaría en 'recetas, urgencias y algunos accesos impacientes a especialistas, ejemplos de uso inadecuado. Casasnovas opta por una tasa fija simbólica.

Su impacto 'se diluye a largo plazo', dice una catedrática de la UB

Por su parte, el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç Navarro argumenta que 'si se le pide a la ciudadanía que pague un euro por visita para desincentivar la utilización de los servicios, esa cantidad no va a desincentivar su uso, excepto entre los sectores más humildes y con menos recursos, precisamente los que más necesitan los servicios sanitarios'. No obstante, Navarro reconoce que, 'en estos momentos de austeridad, podrían hacerse pagar servicios como la atención de los pies, o el dentista', incluidos en la cartera de servicios de algunas autonomías.

La catedrática de Economía de la Universitat de Barcelona, Marisol Rodríguez considera que se debería introducir el copago 'para las visitas médicas', de primaria y de especialistas. 'También se podría considerar para las urgencias hospitalarias', añade. Rodríguez apuesta por extender el copago farmacéutico en función de la renta y establecer una tarifa fija para las visitas médicas.

El economista de la Universitat Pompeu Fabra Sergi Jiménez considera que se deberían establecer 'pequeños copagos por servicios como las visitas al especialista'.

La ministra también planteó en qué medida el copago contribuiría a aumentar los ingresos. López Casasnovas y Jiménez coinciden en defender que esta medida no está pensado para aumentar ingresos, sino para racionalizar el uso de servicios escasos.

Navarro denuncia que el problema de sostenibilidad del SNS es que 'el gasto público sanitario por habitante en España es muy bajo'. Por ello, insiste en que se deben aumentar los impuestos finalistas encaminados a mejorar la sanidad pública.

'El gasto público sanitario por habitante en España es muy bajo'

Por su parte, Rodríguez confiesa que la experiencia en otros países ha demostrado que 'el impacto del copago se diluye a largo plazo'. No obstante, se podrían recaudar hasta 1.700 millones anuales.

Otra de las dudas que suscita la implantación del copago es cómo se debería gestionar. 'La propuesta más sensata sería digitalizar los servicios consumidos en el momento en que se accede a ellos, informando de las tasas, e incorporarlos en la declaración de la renta', explica López Casasnovas . Por su parte, Navarro advierte de que la administración del copago puede ser 'bastante engorrosa y costosa'.

Martínez reconoce que 'la creación de un sistema informático para aplicar el copago tendría unos costes de gestión mayores que los posibles beneficios', pero destaca que aportaría eficiencia al sistema.

La solución, explica Rodríguez sería que cada pago quedara registrado en la tarjeta sanitaria, que emitiría un certificado con la cantidad y lo remitiría al usuario y a la Agencia Tributaria. De esta forma, explica, las cantidades abonadas se podrían deducir del IRPF.

Jiménez advierte que requeriría 'un esfuerzo de coordinación entre administraciones' y apunta a varias posibilidades de gestión: 'Desde establecer un pago directo por servicio, a una cuenta personal que periódicamente se debería liquidar'.